Homs se burla de la justicia

Francesc Homs admitió los cargos por los que se le incrimina en relación con la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, «e incluso podría añadir más porque fue mi obligación hacer lo que hice». Sin embargo, se escudó en que la resolución del Tribunal Constitucional suspendiendo el supuesto referéndum –luego presentado como «proceso participativo»– «no se entendía». Y que lo hiciera, además, con una arrogancia de la que hizo gala durante toda la sesión, como que dijera que se enteró de la providencia por los medios de comunicación. No es serio que el que fuera consejero de Presidencia y de quien dependían los servicios jurídicos de la Generalitat desconozca las consecuencias inmediatas de un decisión del TC tan importante, que al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno paralizaba automáticamente la consulta, tal como marca la Ley. Hablamos del día 4 de noviembre, cuatro días antes de la celebración de la consulta, y Homs, como responsable directo de la organización, ignoró la providencia del TC, al punto de que el fiscal debió preguntarle: «¿Qué no entendía de la providencia que decía textualmente la “prohibición de actos impugnados”?». Sólo supo decir que se trataba de un «conflicto de competencias» con el Estado. Insistimos: Homs fue ayer intencionadamente desdeñoso con el Tribunal. Tampoco supo explicar que no diese indicaciones a la petición de la empresa proveedora de servicios informáticos, encargada del recuento, una vez anunciada la paralización de la consulta, y que llegase a advertirles de «que si no cumplían con las acciones contratadas obviamente ejerceríamos acciones legales». La argumentación de Homs fue la misma empleada por Artur Mas en la Audiencia de Barcelona: la consulta fue organizada por voluntarios y él no era consciente de estar haciendo nada ilegal. La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por organizar la consulta, sin embargo ayer no presentó pruebas convincentes que le eximan de estos delitos y pareció más interesado en su alegato político. A preguntas de su defensa, se explayó en acusar al Estado de querer inculparle a toda costa y en que la actitud de la Fiscalía sólo tenía la intención de perjudicarle, para acabar diciendo que «nosotros hemos acatado las sentencias del Tribunal Constitucional; el Gobierno español, no». Sin duda está más allá de lo admisible, dicho por alguien que se sienta en el banquillo justo por no cumplir una sentencia del TC. El comportamiento de Homs durante la vista debe explicarse desde la calamitosa situación del partido del que es diputado en las Cortes, el PDeCAT, lo que ha quedado de la antigua Convergència, sin grupo propio y dejando la representación del nacionalismo catalán en ERC. Tanto Mas como Homs son los artífices de la caída de un partido que había sido central en la política catalana y que ahora puede ser laminado por el independentismo que con tanto ahínco han alimentado. Ahí están los resultados electorales en las autonómicas desde que Mas abrazó la causa secesionista: de 60 diputados en 2010, a 50 en 2012 y 30 en 2015, aunque camuflados en la coalición Junts pel Sí junto a ERC para paliar el golpe, justo con el partido que ahora tiene todas las posibilidades de heredar la Generalitat. El radicalismo trasnochado de Homs sólo se explica desde esta realidad y desde la necesidad de ocultar el lado más oscuro de Convergència: el partido comisionista del 3% y el que asistió sin pestañear al saqueo del Palau de la Música Catalana, cuyo juicio empieza mañana. Hizo bien el presidente de la Sala que le juzga en recordarle que el Tribunal Supremo no era su casa, porque en toda su declaración hubo una demostración de que no tiene que dar cuenta ante la Justicia. Pues ya ha llegado el momento.