La comparecencia del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso para dar explicaciones por el frustrado nombramiento de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial ha dejado claro algo: cuando un error como el de dicha designación es corregido a tiempo y se dan explicaciones convincentes, no tiene más recorrido que el que la oposición quiera darle. No dejaba de ser irónico ver a algunos portavoces, como el socialista, el de Podemos –el propio Pablo Iglesias y no el titular, ni, claro está, su socio, el economista Alberto Garzón, que aspiraba a ejercer la portavocía– o los nacionalistas vascos y catalanes acusar al Gobierno de nepotismo, amiguismo y, como llegó a decir Pedro Saura, del PSOE, un pago de «recompensa». Sus acusaciones no pasan el menor control de calidad y ellos no son precisamente ejemplos de realizar nombramientos ejemplares y limpios de cualquier vínculo ideológico con sus formaciones. Pero ésa es otra cuestión. Con la decisión de De Guindos de proponer a Soria, aun aplicando estrictos criterios «técnicos», estaba ofreciendo a la oposición, y al PSOE de manera especial, munición para seguir bloqueando la investidura de Mariano Rajoy, pues ése y no otro es el objetivo. Como dijo el sabio, la persona que no corrige un error comete otro más grave. En el caso del de Soria, se corrigió a tiempo, pero en el juego político, sobre todo cuando se está tan necesitado de argumentos sólidos, tomar decisiones sin medir sus consecuencias acarrea cuando menos someterse al control de la oposición. Es decir, los errores se pagan. Las aclaraciones de De Guindos fueron claras y se basaron en que la elección de Soria fue «técnica y no política». No dudamos de que así fue y de que, como dijo el ministro, el proceso de selección en España para este tipo de cargos se realiza «con más transparencia y concurrencia que en los países de nuestro entorno». Admitió que la primera señal de que se había cometido un error la dio «el impacto político y mediático», como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que Soria dimitió apenas hace cuatro meses por haber negado su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales cuando sí la tenía. Ignorar que no iba a tener consecuencias inmediatas, sobre todo en el contexto de eterna campaña electoral en la que está sumida la política española, es presuponer que sólo pueden entenderse como políticas las decisiones tomadas de manera directa por el ministro, como así explicó ayer De Guindos, y no las de un secretario de Estado. Los trámites para el nombramiento de Soria pudieron hacerse cumpliendo lo estipulado administrativamente, incluso con la recomendación de la Abogacía del Estado de adjudicación de la plaza, pero la decisión política no fue la adecuada. Ahora bien, que PSOE y Podemos pidiesen ayer la dimisión del ministro de Economía sólo se entiende desde la desorbitada necesidad de cobrarse una pieza política de primer orden, la de uno de los artífices de la política económica del Gobierno. Pedir la dimisión de De Guindos en la misma sesión en la que presentó las líneas maestras del borrador de la prórroga presupuestaria sólo puede buscar desestabilizar la parte fundamental de la política del Gobierno, como lo demuestra, además, hacerlo a un mes del 15 de octubre, la fecha límite exigida por Bruselas en la que España habrá de demostrar que adopta las medidas adecuadas para la contención del déficit público.