En la localidad Navarra de Alsasua, el lugar donde hace dos años fueron atacados por las turbas batasunas dos guardias civiles y sus respectivas parejas, el partido proetarra Bildu quiso hacer ayer una demostración de fuerza, similar en la forma y en el tono de las que suele llevar a cabo en sus feudos guipuzcoanos. No vamos a entrar en su precaria visión del mundo y de la realidad que le rodea, retratadas en su comunicado oficial de ayer, en el que describe a los partidos constitucionalistas como «fascistas, homófobos, racistas y totalitarios», sino para denunciar la incompatibilidad con los usos más básicos de la democracia de estos separatistas radicales vasquistas, que tratan de asfixiar cualquier opinión, cualquier expresión de valores, que no pase por el fino tamiz de su intransigencia. El espectáculo del lanzamiento de piedras y botellas contra los participantes en el acto de homenaje a la Benemérita, convocado por Ciudadanos; el asalto a la torre de la iglesia parroquial para emplear las campanas como mordaza sonora de las palabras de los otros y los insultos intolerables para la dignidad de los demócratas, si bien reunen todas las características del totalitarismo que denuncian en los demás, no merecen respuesta política alguna que no sea la de invocar la existencia de un ordenamiento jurídico que la Ley sabe hacer respetar, como han comprobado los energúmenos que hoy cumplen condena por su cobarde ataque a los agentes de la Guardia Civil. Nada, pues, que pueda sorprender a quienes conocen de primera mano la realidad diaria en las zonas donde los batasunos detentan los resortes de los poderes públicos. En este sentido, que Albert Rivera haya elegido Alsasua –donde ya en junio hubo un homenaje a la Benémerita organizado por el PP– para su acto de apoyo a las Fuerzas de Seguridad destinadas en Navarra tiene todos nuestros parabienes, aunque sólo sea porque ejerce el derecho de todo español a manifestar sus ideas en libertad y en cualquier parte del territorio. También, porque hay señales equívocas procedentes del actual Gobierno, que precisa del apoyo parlamentario del PNV, incluso, de Bildu, sobre el futuro de la Guardia Civil en la Comunidad Foral, cuya expulsión es el caballo de batalla de los separatistas batasunos. Por ello, y aunque se pueda criticar la supuesta intención electoralista del líder de Ciudadanos y sus comentarios desafortunados sobre algunos de los representantes políticos que se sumaron al acto, es absolutamente reprobable la reacción del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, vizcaíno de origen pero que ha desarrollado toda su carrera política en Castilla y León, descalificando a los partidos constitucionalistas, a los que llega a acusar de avivar conflictos y agravios entre los españoles, en lugar de fomentar la convivencia. Convivencia que, por lo que dan a entender sus palabras, debe pasar por el silencio y el comportamiento discreto y sigiloso de quienes no piensan lo mismo que los batasunos y sufren las correspondientes represalias en sus bienes y negocios si se enfrentan abiertamente al pensamiento único. No podemos aceptar que la convocatoria de un acto público legal, incluso de un mitin electoral, no pueda celebrarse con normalidad en el norte de Navarra, o en cualquier otro lugar de la geografía española. Ejercer los derechos de reunión, de expresión y de difusión de ideas , principios y valores amparados por la Constitución nunca puede ser considerado un ataque a la convivencia ni una provocación. Tratar de impedir el ejercicio de la libertad, por el contrario, es tiranía.