La deriva autoritaria del sanchismo

A Sánchez no le gusta que hablemos de sanchismo y autoritarismo, pero hace todos los esfuerzos para que lo hagamos todos los que defendemos el Estado de Derecho, la separación de poderes y la libertad de expresión. Su última ocurrencia es un auténtico esperpento. Ha decidido esconder sus problemas políticos y judiciales impulsando un plan de acción por la democracia para controlar a los medios de comunicación. La fiscalización correría cargo de un órgano partidista como la CNMC. El presidente del Gobierno más intervencionista, que menos respeta la división de poderes, que favorece las redes clientelares y los lobbies de los amigos del PSOE y desprecia el mérito y la capacidad en el acceso a los cargos públicos quiere fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad. Es tan grotesco que no salgo de mi asombro. No hay más que ver la acción propagandística del Gobierno utilizando el dinero de todos los españoles, el amiguismo del millonario José Miguel Contreras con los medios afines y la conversión de RTVE en un conjunto de canales temáticos al servicio del PSOE.

Sánchez ha abrazado definitivamente la agenda de la izquierda populista iberoamericana. El objetivo es controlar las empresas periodísticas y sus ingresos, decidir qué medios informan verazmente, limitar las competencias de las comunidades autónomas e imponer su rancio populismo intervencionista al servicio del sanchismo. En lugar de hablar del caso Koldo, de la amiga que Ábalos se llevaba a sus viajes oficiales, de la amnistía, del concierto para Cataluña o de sus problemas judiciales tendremos que hacerlo de lo que quieran los sanchistas para que no nos consideren pseudomedios. La información veraz será la que convenga a La Moncloa. Por supuesto, se permitirá una cierta crítica, pero con matices. Ahora toca el control de los medios de comunicación, del Poder Legislativo y del sistema electoral, pero el siguiente paso son los jueces para consagrar la impunidad e inmunidad del sanchismo. Me conformaría con un plan de acción por la democracia por el que el Gobierno se comprometiera a respetar la ley de Transparencia y Buen Gobierno, así como la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución que hicieron cuando prometieron sus cargos. Y, sobre todo, que el comportamiento del presidente y su entorno respondiera a un código ético como el británico.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).