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Por fin se ha tomado una decisión definitiva respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo menos, en el plano que les corresponde a los Gobiernos, aunque todavía quede estar muy atentos a lo que decida el Parlamento británico este sábado. En los últimos días hemos sido testigos de cómo se aproximaban posiciones y, además, cómo se producían “algunas cesiones” por una y otra parte. Lo mejor de todo es que se ha llegado a un acuerdo y, en particular, que los compromisos que se han alcanzado parece que no producen profundas insatisfacciones entre las partes sino, todo lo contrario. El acuerdo logrado no deja en manos del azar cuestiones que tienen tanta trascendencia para los ciudadanos europeos como la libre circulación de personas, la reordenación del mercado o el flujo de capitales y, por fin, se proporcionada una respuesta compleja, pero aceptada por todos, a la situación en la frontera de Irlanda del Norte. Por lo tanto, este acuerdo cumple dos funciones: por un lado, ordena la salida del Reino Unido de la Unión Europea y le otorga componentes de certidumbre, evitando que se produzca un abandono abrupto y, por otro lado, permite algo que resulta bastante conveniente también para los intereses de la Unión Europea, es decir, que finalmente el Reino Unido la abandone. Por estas razones, llegar a un acuerdo de este tipo ha sido más necesario que nunca. A pesar de las manifestaciones que ha venido realizando, desde hace algún tiempo, el nuevo Gobierno británico la prioridad siempre fue alcanzar un acuerdo y, sobre todo, un buen acuerdo que, aunque nunca satisfaga las pretensiones de las partes en todos en todos sus extremos, por lo menos disponga una salida ordenada y regulada y que permita mantener una relación aceptable entre el Reino Unido y sus antiguos socios. Solo queda que el Parlamento británico esté de acuerdo con el acuerdo, algo que no está plenamente garantizado.