Desde hace años hay en la sociedad preocupación por el uso abusivo de las redes sociales y lo que circula por ellas –que en ocasiones llega hasta el delito–, y la impunidad con la que lo hacen. La práctica inexistencia de reglas y controles que garanticen su veracidad, la ausencia o falsedad de la identidad de los actores, la desprotección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los afectados por el mal uso de estas redes en particular son característicos del sistema.

Pese al agravamiento de esta situación, que alcanza cada día aspectos más diversos, siguen sin plantearse a nivel mundial medidas eficaces de utilización y control de lo que fluye por estas redes de comunicación y de su utilización. Sólo cuando se suscitan situaciones de relevancia pública a nivel nacional o internacional surge el debate momentáneo, la indignación pasajera y la necesidad de hacer algo, para terminar, como siempre, en la inacción y en el mantenimiento de la situación que conocemos.

Una de estas situaciones se ha producido en la pasada campaña electoral americana, en la que se denunció la utilización de esas redes sociales por el Gobierno ruso para perjudicar a Clinton y beneficiar a Trump. Los demócratas y sus partidarios llegaron a asegurar que se había manipulado el resultado electoral y que quien había ganado realmente la elección era Clinton, y que el enfrentamiento de Trump con los servicios de inteligencia y seguridad era una estrategia para tapar esa implicación de Rusia.

La NSA, la CIA y el FBI acaban de hacer públicos sus informes, que concluyen que los rusos utilizaron «hackers» para atacar a los americanos por varias razones: desbancarles del liderazgo mundial; por la aparición de Putin en los «Papeles de Panamá»; por la descalificación por dopaje de los atletas rusos en los JJ OO y para desacreditar a Clinton en beneficio de Trump en las elecciones, y añade que esta actuación no tuvo incidencia alguna en el recuento de votos, según la NSA, que considera que la incidencia rusa en campaña tenía una fiabilidad moderada, frente a la CIA y el FBI, que la consideraban alta. (Conviene recordar que fue el FBI quien a 11 días de celebrarse las elecciones reabrió la investigación a Clinton por descubrir nuevos correos enviados desde servidores no seguros.)

Lo que preocupa es que, ante la evidencia del peligro que encierra el uso abusivo de las redes y la información que circula por ellas con total impunidad, ambas potencias prefieren seguir con el funcionamiento actual que les permite utilizarlas como vías de penetración, desinformación y ataque entre ellos, sin adoptar una sola iniciativa para ordenar su uso, la información y los contenidos que circulan por ellas, las medidas de protección, o las sanciones a imponer a los que hagan un mal uso de las mismas.

Y en este contexto la «posverdad» se hace aún más peligrosa, pues la manipulación de la falsa información con apariencia de verosimilitud encuentra en las redes un instrumento de difusión rápido y masivo que, unido a la impunidad de la que gozan, se convierten en el mayor peligro para la libertad, la seguridad, la información veraz, los derechos fundamentales y la democracia.

Los ciudadanos debemos demandar con urgencia esa regulación y los medios eficaces para su aplicación. Y países como el nuestro, que no están en condiciones de competir en este ámbito, deberían liderar esta iniciativa a nivel internacional en la UE en defensa de nuestra libertad y nuestra seguridad. Cuanto más tardemos en hacerlo, más sufrirán nuestros derechos.