El empresario Víctor de Aldama ha adquirido la condición de colaborador de la Justicia. Tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía han otorgado veracidad a su testimonio autoincriminatorio contra cargos del Gobierno y del PSOE por su presunta implicación en la trama corrupta vinculada al «caso Koldo». Es una circunstancia determinante para evaluar el papel del comisionista y el alcance y el crédito de sus revelaciones. Los tribunales y el Ministerio Público han sido los fedatarios de su relato en sede judicial. Si no fuera así, la orden de puesta en libertad que le permitió salir de prisión no se habría cursado e incluso alguna de las partes habría solicitado su regreso a la cárcel tras comparecer ayer en el Alto Tribunal, lo que no aconteció. Hay que partir de ese extremo para encajar la relevancia del testimonio ante al magistrado del Supremo Leopoldo Puente que se convirtió de facto en una diligencia de refutación de la declaración de José Luis Ábalos en esa misma sede, en la que desacreditó las acusaciones de Aldama y apuntó a su mano derecha Koldo García. El empresario pegó otro tirón a la manta del escándalo de las mordidas relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia con novedosas derivadas y confirmó el señalamiento de ministros y altos cargos socialistas que ya hiciera en la Audiencia Nacional. Detalló durante tres horas que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas que supuestamente se repartieron Ábalos, Koldo García y también el PSOE. La financiación irregular de Ferraz había gravitado en torno a las ramificaciones de la trama como la sombra de una sospecha cada día más alargada. Ahora, existe un hilo del que tirar y se dispara el potencial explosivo del asunto sobre un partido bajo sospecha. Como en todo procedimiento, las palabras importan, por supuesto, pero las pruebas son las que definen y trascienden. Y en esto Aldama aportó nuevos documentos con pantallazos de Whatsapp y notas manuscritas de Koldo sobre localizaciones y cifras que probarían el amaño de los contratos, además de que refrendó que entregó un sobre con 15.000 euros para el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y otros 25.000 para Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Su testimonio de cargo contra el sanchismo, que no otra cosa eran Ábalos, Koldo y el propio Aldama, lejos de desvanecerse o desvirtuarse, gana en robustez y rotundidad. Queda de manifiesto que ni la Justicia ni la Fiscalía Anticorrupción se conducen por connivencia con nadie, sino conforme a Derecho. El presidente, su gobierno y su partido acumulan cada día más razones para la inquietud mientras se agolpan preguntas y preguntas sin responder al abrigo de una opacidad que los señala. Aldama fue un personaje clave con influencia y contactos y relativizarlo es torpe y poco inteligente. Tanto como el discurso del fango o la guerra sucia contra la judicatura. Ni Sánchez ni Ábalos, ni Moncloa ni Ferraz, son creíbles. Solo un culpable daría tantas versiones exculpatorias.