Bajaron las penas a sabiendas

Cuatro meses después y casi 400 violadores beneficiados, nadie del Gobierno ha pedido perdón por el daño causado. La realidad del «sí es sí» es que el presidente del «no es no» sabía lo que iba a ocurrir si se aprobaba la ley tal y como la había redactado Irene Montero. Amén de faltas de ortografía, problemas de sintaxis y atropellos gramaticales, la ex vicepresidenta Calvo y el ex ministro Campo advirtieron que con esa redacción muchos de los violadores condenados verían reducidas sus penas y algunos quedarían en libertad. La respuesta del presidente fue ninguna, oídos sordos y huida hacia adelante. Había que salvar el pacto de legislatura con Podemos y eso equivalía aceptar la norma propuesta en su integridad. Luego la responsabilidad, amén de la ministra y su tropa morada, es del Gobierno entero, de su jefe y de los partidos que votaron a favor, entre ellos Cs y PNV, que tampoco han pedido perdón.

Calvo lo dejó claro la pasada semana, admitiendo que ella misma votó a favor de la ley pese a sus reservas acerca del contenido, lo que también es un evidente ejercicio de irresponsabilidad. Aunque lo peor es el reconocimiento explícito de lo acontecido, extraído de las palabras de la jueza podemita Victoria Rosell, asesora áulica de Montero, que dice estar contra la política punitiva, porque «el punitivismo genera violencia» y «nunca hemos arreglado la violencia con más violencia», por lo que «es un error imponer una pena muy alta a un agresor». Sentenciando: «Una política que consiste en proponer más penas, es una política de pena y una pena de política».

Ergo han bajado el castigo a los violadores porque no creen que con correctivos mayores los agresores vayan a dejar de agredir. ¿Con penas menores sí? Al fin y al cabo, como decía la insensata Rodríguez Pam, riéndose a carcajada limpia, «¡van a la cárcel después de haber violado!». Y mejor que salgan pronto de ella, aun a riesgo de reincidir. Le faltó añadir.

En medio del esperpento, enfilamos precampaña con un Feijóo subiendo en las encuestas, arropado por Aznar y Rajoy en Valencia, y un viento de cola favorable basado en su buen hacer como candidato y en los bandazos gubernamentales. Difícil es predecir el efecto de la moción de Vox con Ramón Tamames como cartel. Una estrategia osada que alberga el riesgo de permitir que Sánchez salga favorecido, como sucedió en la anterior, cuando Abascal era el candidato.

Tamames, ex comunista de nivel, es un peso pesado de la política y la economía que a sus 89 años tiene las ideas claras y toda la razón al denunciar la deriva del actual Gobierno, pactando con independentistas, proetarras y antisistema leyes que vulneran el espíritu de la Constitución. Su decisión, valiente, conlleva la contingencia de retratar a una derecha dividida, incapaz de ponerse de acuerdo en algo tan elemental como censurar a Sánchez.

Los números no dan y la moción no saldrá, pues para eso deberían apoyarla, amén de PP, Cs y Vox, las minorías regionalistas y grupos como Junts y PNV, pero también algunos de los diputados del PSOE críticos con la rebaja de la malversación y la derogación de la sedición. Algo que no va a suceder, no nos engañemos.