Mucho sacar pecho con los fondos europeos, pero a la hora de la verdad resulta que no se están gestionando bien, no llegan a la economía real, son burocráticamente engorrosos y, además, no informamos correctamente a Europa sobre cómo se están recibiendo, canalizando y gastando. Quizás porque ni siquiera el Ministerio de la señora Calviño sabe muy bien qué está ocurriendo. La vicepresidenta ha tenido que admitir que no puede cumplir el plan de recuperación comprometido y va a pedir que se modifiquen los objetivos. O sea, vamos a solicitar una prórroga en los plazos para no perder los miles de millones que aún nos tienen que llegar. Y encima Bruselas nos caza en una sobreactuación más, similar a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno. La UE exige que el plan de reparto esté basado en criterios de consenso con los principales partidos de la oposición y con los agentes sociales. El Ejecutivo intenta justificar que así es, pero la realidad es que la política de reparto de las ayudas comunitarias no ha sido acordada con el PP ni tampoco con la patronal CEOE. El PP pidió en su día que una Agencia independiente, con representación plural, gestionase operación tan importante. El Gobierno se negó, probablemente con la idea de controlar en solitario ese dinero. La realidad es que Bruselas se ha quejado por la gestión nada transparente del maná europeo. Peor aún es que no esté llegando a la economía real. Pedir los Next Generation se ha convertido en un quebradero de cabeza. Para quien los da y para quienes los deben recibir.