Alerta en Lituania… y España

Está creando debate y preocupación más que justificada lo conocido de la reforma de la ley para hacer frente a situaciones de «interés para la seguridad nacional» que prevé el Gobierno. De materializarse ese propósito, le permitiría actuar con un poder omnímodo y sin contrapesos ni controles, ante una situación que el Presidente unilateralmente considerara que hace necesaria tal declaración.

La Constitución prevé la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, que permiten la limitación o suspensión de derechos fundamentales según los casos, y con un procedimiento que aparece regulado en su artículo 116 de la CE. El que a estas alturas el TC todavía no se haya pronunciado en cuanto a la sujeción a la CE de la declaración del estado de alarma con ocasión de la pandemia –en la práctica, estado de excepción encubierto– tiene estas lamentables consecuencias: que el Gobierno actúe con absoluta impunidad y piense que «ancha es Castilla». El anteproyecto filtrado a los medios es literalmente un atentado frontal a un Estado de derecho y democrático.

La ley vigente, tratándose de la materia que regula, como es lógico, fue fruto de un gran pacto político y parlamentario, que Sánchez parece querer hacer saltar por los aires para gobernar con reglas propias de regímenes de otras latitudes políticas y geográficas, y no de una democracia europea como la española.

Por ejemplo, que sucediera en España una alerta como la de ayer en Lituania, le permitiría tal declaración. Y no es broma, aunque lo parezca.