La Región de Murcia es la que menos obra pública licita por habitante desde 2019

La Región de Murcia ha sido, de 2019 a 2023, la administración regional de España que menos obra pública ha licitado por habitante. Los datos que avalan esta afirmación, recopilados por la Asociación de Constructores de la Región de Murcia (Acomur), muestran que la media del gasto público per cápita en ese periodo de tiempo "apenas superó los 56 euros", según informaron fuentes de Portavoz.

En concreto, cuando más se invirtió fue en 2023, con 74,73 euros por habitante, seguido de 2022 (70,83 euros), 2021 (58,37 euros), 2019 (46,74 euros) y 2020 (30,44 euros), cifras muy lejanas a comunidades como Castilla y León o Cantabria, que el año pasado invirtieron casi 300 euros, o Navarra, cuyo gasto fue de más de 140 euros.

De hecho, en comparación con el resto de las comunidades consideradas como infrafinanciadas (Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana), Murcia sigue situándose en el último lugar.

El presidente de Acomur, José Juan González, ha hecho hincapié en la realidad que presentan estas cifras y ha señalado que la obra pública "debe ser una prioridad, porque la creación de infraestructuras está estrechamente relacionada con el estado del bienestar".

En este sentido, González ha reclamado un "marco de inversión estable que permita a las empresas regionales poder planificar su actividad, lo que evitaría las tensiones que se producen cuando la licitación se reduce, con las consecuencias que conlleva en la organización, las finanzas y el empleo de las empresas dedicadas a este sector".

Además, ha querido señalar el momento actual como "clave para revertir esta situación que está lastrando a la economía regional, puesto que actualmente se están elaborando los presupuestos para 2025".

Cabe recordar que Acomur es una asociación formada por las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región y entre todas dan trabajo a más de 4.000 personas. La entidad tiene como objetivos dar a conocer la importancia de su sector como base del estado del bienestar y colaborar con la Administración para que las licitaciones se ajusten a la realidad de las compañías y del mercado.