Los expertos de España azuzan a los partidos: El pacto nacional por el agua no puede esperar

El pacto del agua sigue siendo un espejismo en España. Desde hace dos décadas, el PP y el PSOE no logran ponerse de acuerdo para diseñar un plan transversal capaz de hacer frente a la cada vez más acuciante desertificación. Algunas voces expertas consideran urgente la aprobación de un acuerdo de Estado a largo plazo entre Gobierno y comunidades autónomas que planifique, coordine y estandarice la administración del agua «gobierne quien gobierne». Se habla incluso de crear una Autoridad Nacional que centralice la gestión que se hace de los recursos hídricos de cuenca y el estado de la propia red de distribución. ¿Qué opinan las voces expertas?

«Lo que necesitamos es un gran pacto de Estado; es fundamental. Esto significa llegar a un modelo de Plan Hidrológico Nacional que permita disponer del agua en todas las regiones. Tenemos una buena administración, pero es preciso reforzar la gobernanza, llegar a acuerdos, en especial, definir las necesidades que existen y, a partir de ahí, ver cómo se gestiona el agua», afirma Amelia Pérez, directora de la Cátedra de Economía del Agua de la UNED.

Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia y expresidente de la International Water Association, también cree que falta consenso. «Cuando hablamos de centralizar, lo interesante es sentar a los actores a hablar y a escuchar las aportaciones de los técnicos. Tenemos que poner en una balanza los usos del turismo, la agricultura, la industria… y decidir qué es lo más interesante». En lugar de eso, apunta que «estamos en una huida hacia adelante para evitar el debate. No quiero alarmar a nadie, pero el agua no es infinita, no se puede trasladar fácilmente y no hay para todo lo que quiere todo el mundo. Así que, como pasa con los presupuestos cuando no hay dinero, hay que priorizar», explica.

Un pacto de Estado, añade Pérez, podría garantizar una mayor inversión. «Es preciso incrementar lo que se destina en infraestructuras nuevas –fundamentalmente en desalación y aguas regeneradas– y en infraestructuras que ya existen, como en el suministro a las ciudades y los sistemas de riego. Estas últimas requieren un nivel de inversión importante porque la red se va quedando cada vez más obsoleta, se producen grandes fugas», advierte.

El consenso es que el sistema actual tiene agujeros. A Cabrera, las estimaciones de más de 1000 hm3/año en pérdidas en abastecimientos urbanos le parecen «muy conservadoras». Él apunta que en Barcelona, que atraviesa una declaración de emergencia por sequía, han limitado el agua a 200 litros por habitante al día. «Eso no lo consume nadie. La media en España son 130 litros. Cuando van hasta 200, es porque hay algo más».

Otra de las mayores críticas es el elevado número de organismos que intervienen en el control y distribución del agua. «Hay que reducir el número de actores; la gobernanza está muy atomizada: hay competencias municipales, Confederaciones Hidrográficas, agencias regionales del agua, el control de calidad depende del Ministerio de Sanidad y el ambiental del Miteco. Hay demasiados actores y eso no es bueno. Genera vacíos de gobernanza», critica Cabrera. En su opinión, sería necesario contar con un ente regulador que elimine las desigualdades que las actuales competencias municipales dibujan en materia de agua urbana.

«Es imprescindible que un organismo nacional que iguale las reglas del juego y ponga en solfa el consumo humano. Estamos hablando de un derecho inalienable, que en los casi 8.200 municipios que tiene España se presta de forma muy distinta. Cada ayuntamiento hace de su capa un sayo: hay casos de éxito y pueblos donde la gestión es muy deficiente. Hay ciudadanos que beben agua contaminada por nitratos o sufren cortes. No es razonable. La gestión tiene que ser local, sí, pero tiene que haber un ente que establezca unos mínimos a cumplir por los municipios, hagan una gestión pública o privada».

Cabrera invita a modular la demanda antes que la oferta. Establecer prioridades de uso, mejorar la eficiencia y reducir el consumo del agua renovando tuberías y canales; antes de plantear trasvases o embalses. «La infraestructura es una solución puntual. Somos el país con más presas por habitante en el mundo. ¿Podemos hacer más? Seguro. ¿Es la solución a todos los males? No lo creo. Debemos controlar los pozos ilegales, cuidar los acuíferos y aumentar el control», traslada.

Pérez comparte la visión, pero añade otras posibles vías. «Cuando hablamos de pacto de Estado, estamos hablando de otro tipo de gestión. Llevar barcos con agua a Barcelona sería una tirita. Es posible que esta situación de sequía y estrés hídrico continúe y, por tanto, lo que tenemos que pensar es en una situación a largo plazo: reducir el consumo, reutilizar el agua e incluso podemos plantearnos conectar cuencas (hay ejemplos como el trasvase Tajo-Segura), pero el Estado debe velar para que las dos partes se encuentren beneficiadas. Esto se hace estableciendo un plan nacional y dotándolo de inversiones que resuelva problemas globales con soluciones integradoras. La falta de agua en España ya ha generado bastante tensión y ha sido un elemento electoralista». Un pacto por el agua quizá podría despolitizarla.

Joaquim Farguell, co-coordinador del Máster en Ciencia y Gestión Integral del Agua de la Universidad de Barcelona, no es de la misma opinión. «En primer lugar, habría que ver qué significa un Pacto de Estado por el Agua, porque si implica hacer trasvases de norte a sur para que todo el mundo riegue y crezca por encima de sus capacidades, no me parece una buena idea», achaca.

En segundo lugar, considera que el Ministerio de Transición Ecológica es el que debe hacer esa función. «Aunque la gestión del agua esté dividida entre comunidades autónomas y Estado, en función de las cuencas hidrológicas, al final, es este Ministerio el que recoge todos los Planes de Gestión de Cuenca y los aprueba en el Congreso antes de enviarlos a Europa, y podría pedir modificaciones o aclaraciones si conviniera».

Está claro cómo se gestiona el agua en España: los ríos que cruzan más de una comunidad autónoma, los gestiona el Estado a través de las Confederaciones Hidrográficas. Los que nacen y mueren dentro de una región, los administra la propia comunidad. «España es muy diversa y cada zona tiene necesidades distintas. El papel del Estado es el de garantizar el agua a todo el mundo. Además, debe invertir en infraestructuras que no tienen que ver con el río, como las desaladoras, que no dependen de la cuenca fluvial y reducen la presión en los recursos hídricos convencionales».

Farguell argumenta que los trasvases son una vía agotada, que atenta contra la Directiva Marco del Agua (que Europa aprobó en el año 2000) y «pone en riesgo» todo el medio acuático natural, aparte de «sembrar una gran discordia» entre comunidades. «Que nadie tenga la sensación que le quitan el agua y los otros que de que "no nos quieren dar agua". Éste es el papel del Estado, que debe incentivar la modernización de los regadíos, resolver los problemas de pérdida de agua en las redes y poner el agua en valor. Es decir, invertir en aquellas soluciones que no dependen directamente de las confederaciones o de las CCAA».

Asimismo, afirma que «no podemos continuar expandiendo áreas de regadío como si el agua fuera ilimitada. El Estado tiene que poner de acuerdo Ecología y Agricultura. Habrá que regar con agua desalada. Eso puede encarecer los productos, y ahí tiene que intervenir el Estado con subvenciones. Pero no podemos seguir con la política de los 70 de "necesito más agua, construyamos otro embalse"».

En definitiva, Farguell coincide con el resto de expertos en que debemos aprender a vivir usando menos agua: «Si el pacto de Estado va en ese camino, estoy de acuerdo, pero lo dudo. Por lo tanto, mi opinión es que ese papel ya existe y lo debería desempeñar el Ministerio correspondiente».

Parecer similar tiene Cabrera: «Es fundamental un pacto por el agua si de verdad es un pacto, me da igual qué partido lo defendió, lo primero que hay que hacer es sentar al Estado y a las CCAA para hablar de la priorización de los usos. Si no se sientan a hablar, el resto no tiene sentido». Y el pacto de Estado seguirá siendo un espejismo.