El PP lleva a la Asamblea de Madrid su rechazo a los actos del franquismo

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prosigue con su estrategia de tratar de blindar Madrid de todo aquello que tenga que ver con la memoria democrática y los actos por el aniversario de la muerte de Franco que quiere desplegar el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya ha acudido al Tribunal Constitucional para que se anule la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria y, ahora, es el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea el que toma cartas en el asunto.

De hecho, el portavoz de los populares, Carlos Díaz-Pache, ha registrado una proposición no de ley en la Cámara de Vallecas para su debate en el próximo pleno en la que insta a la Comunidad de Madrid a «no participar en ninguna de los actividades ideológicas que tengan por objetivo quebrar el espíritu de concordia que dio lugar a la Transición, recuperar viejos rencores o comprometer la figura de Su Majestad el Rey».

Pero va incluso más allá al solicitar al Gobierno regional que inste al Ejecutivo central a anular la Ley de Memoria Democrática. Entre otros motivos «porque alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables y convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial», argumenta en su iniciativa. Para rematar, propone restablecer públicamente la Transición y la Constitución como causa y origen del actual sistema democrático y de libertad.

Fines políticos

La presidenta madrileña, que hoy inicia una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, cree que el intento del Ejecutivo central de incluir la Real Casa de Correos como lugar de memoria es «un intento de manipular la historia para fines políticos». Opina que se sirve de la Ley de Memoria Democrática, que «Sánchez ha pactado con el entorno de ETA», para seguir adelante con el expediente, tras rechazar el Consejo de Ministros las alegaciones que hizo el Gobierno autonómico. El argumento jurídico en el que se apoya la presidenta autonómica es la invasión de competencias autonómicas en un «afán guerracivilista persecutorio» del Gobierno de Sánchez.