Batería judicial de Ayuso contra el «acoso» de la izquierda

La semana en la que el Gobierno pacta con Junts que Madrid acoja a 700 menores migrantes frente a los 30 de Cataluña, la escalada de descalificaciones a Isabel Díaz Ayuso y su gestión sube de tono. Las medidas de «acoso» a Madrid aumentan a la vez que la izquierda se crece en insultos y ataques a la dirigente popular.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anuncia el «boicot» a la tradicional parada militar en la Puerta del Sol el 2 de Mayo, insiste en relacionar la sede de la Comunidad con el franquismo y denigra la gestión en las residencias durante el Covid mientras se lanza contra la presidenta, que ha anunciado una batería de querellas.

Madrid tendrá que acoger a la mayoría de menores procedentes de Canarias; Cataluña, a menos de una treintena, según el acuerdo que Ayuso ha calificado de «lamentable». El pacto de Moncloa con el partido de Puigdemont ha impulsado la actividad judicial de la Comunidad. La dirigente popular lo anunció en sus redes sociales: «Este lamentable acuerdo se llevará a los tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias».

El ministro y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, no tardó en acusarla de elegir el «racismo» y la «xenofobia» con los menores cuando el acuerdo ha sido pactado por el Gobierno.

Junts presume de que Cataluña acogerá a una minoría frente a los 700 de Madrid. «Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», denunció Ayuso en sus redes sociales.

El líder de los socialistas madrileños quiso desviar las críticas al Gobierno y centrar el foco en Ayuso por sus declaraciones en contra de la medida. Sin embargo, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, bastión del PSOE en la región, zanjó sus planes al mostrarse contrario a recibir en su municipio a los menores que el Gobierno enviará a Madrid.

En Sol consideran que los menores no acompañados cuentan con el centro de La Cantueña, el «más preparado» para acogerlos, pese a que el alcalde entienda que «no es adecuado para acoger a estas personas». En el PP de Madrid le espetan: «Es decir, que estás encantado de que Pedro Sánchez mande 700 menas a Madrid pero que a tu pueblo no vayan, ¿verdad?».

La crítica de la presidenta a la medida ha desencadenado esta semana un alud de descalificaciones, pero no son las únicas que le ha lanzado la izquierda. La avalancha de insultos ha impulsado la actividad judicial en Sol contra varios dirigentes que multiplicaron sus ataques a partir de la emisión del documental «7.291».

La Comunidad ha interpuesto querellas contra Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid; Ione Belarra, secretaria general de Podemos; y Juan Pablo Fernández Santos, secretario de organización de Podemos. La denuncia tiene que ver con sus declaraciones sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, en las que calificaron la actuación del Ejecutivo regional de «homicida y criminal».

La socialista utilizó el término «asesinatos» al referirse a las muertes en las residencias, una acusación que, según denunció la presidenta, implica que geriatras y sanitarios habrían cometido actos criminales. Por su parte, la líder de Podemos afirmó que en la región se llevó a cabo una «gestión homicida» durante la pandemia y su compañero Fernández que Ayuso «debería entrar en prisión».

Maroto reconoció que sus palabras no fueron afortunadas, mientras los representantes de Podemos se han reafirmado en sus manifestaciones.

La respuesta de Sol ha sido contundente: la interposición de denuncias en los juzgados de Primera Instancia de Madrid, porque «se han traspasado todas las líneas rojas de la decencia». Pero las querellas contra los miembros del PSOE y Podemos no han sido los únicos procedimientos anunciados por la Comunidad de Madrid. Además de revelar que llevará a los tribunales y a la Unión Europea el acuerdo para la distribución de menores, la líder popular ha contraatacado para parar lo que en el PP califican de «acoso» a Madrid. En su paquete de iniciativas, evitar que Moncloa declare Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos.

Después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite por unanimidad el recurso de la Comunidad, la presidenta ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que suspenda el procedimiento que pretende identificar la sede del Gobierno regional con el franquismo, según los populares.

El Ejecutivo regional entiende que se vulneran las competencias autonómicas en cuanto a la gestión de su patrimonio, se ataca a una institución y se muestra una falta de lealtad institucional por no comunicar la medida antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural, cuenta con la mayor protección.

Ayuso se ha opuesto a la pretensión del Gobierno de colocar una placa conmemorativa como Lugar de Memoria Democrática en la fachada del emblemático edificio. La presidenta denuncia que es una invasión de competencias y una manipulación histórica y ha solicitado al Ejecutivo que paralice el procedimiento administrativo. A la vez, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que reconsidere la decisión de mantener la tradicional parada militar en las celebraciones del 2 de Mayo. Y es que las Fuerzas Armadas no participarán este año en el acto central del Día de la Comunidad de Madrid, ya que la ministra ha revelado que no va a autorizar a que militares participen en la tradicional parada que se venía celebrando en la Puerta del Sol.

Robles ha justificado la decisión argumentando ahora que «no es un acto estrictamente militar», después de que los efectivos participaran en el mismo desde la presidencia del socialista Joaquín Leguina, en 1983, hasta ahora, y de que hasta el ministro Félix Bolaños quisiera a toda costa estar presente en el desfile desde la tribuna de autoridades donde precisamente se encontraba la ministra.

La cancelación castrense representa, según la presidenta, «un golpe sin precedentes a los madrileños y al propio Ejército, en su celebración regional más señalada». Así se lo hace saber a la titular de Defensa en una carta enviada esta semana en la que le solicita que reconsidere su decisión «para no impedir la celebración de todos los años del pueblo de Madrid con sus Fuerzas Armadas».