Tras retrasarse la cita prevista el pasado viernes, el Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid –en una providencia con fecha del 12 de enero– ha emplazado a Mercedes González el próximo 10 de febrero a las 11 de la mañana para declarar por un presunto delito de prevaricación. En la misma resolución también se decreta que «no hay lugar» al escrito que ha interpuesto la Abogacía del Estado solicitando el «sobreseimiento libre» y el archivo de las actuaciones penales contra la imputación de la delegada del Gobierno en Madrid.

Después de que la Fiscalía de Madrid saliera al rescate de González –al entender que la querella y los hechos que describe «adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación»–, ahora ha sido la Abogacía del Estado la que ha intentado evitar su paso por los tribunales.

La representación legal del Estado avala en su recurso, como hizo la Fiscalía, la decisión de la delegada del Gobierno en base a criterios como la peligrosidad de la asociación que convocó una manifestación ante el Congreso de los Diputados al objeto de proteger el edificio, «cuando la asociación querellante nunca ha dado un solo problema de orden público», según fuentes de la entidad –la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica–, así como que esta había previsto una concentración de 200 asistentes, mientras que los memorialistas de signo contrario «anunciaron la presencia de 100 personas el día siguiente; es decir, que la diferencia de criterio son apenas 100 personas», apuntan estas fuentes.

En cuanto a lo alegado por la Abogacía del Estado acerca de que el 13 de julio, fecha de la concentración desplazada por la delegada del Gobierno, hubo Pleno en el Congreso –como consta en el orden del día de la Cámara Baja–, «se celebró por la mañana y no por la tarde» cuando se llevó a cabo la protesta, «mientras que cuando se concentraron los memorialistas de izquierdas al día siguiente –frente al hemiciclo– sí había Pleno, pero por la mañana», precisamente cuando se votaba Ley de Memoria Democrática que habían ido a apoyar.

Fuentes de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica destacan que ese 14 de julio los participantes en la manifestación ante la Cámara «se dedicaron a insultar al Tribunal Supremo», pero «sobre todo» que Mercedes González «sí ha autorizado protestas de miles de personas frente al Congreso, sin desplazarlas al lugar donde tuvimos que colocarnos nosotros», desmintiendo que los permisos se deban a «un criterio puramente objetivo», como reza el escrito de la Abogacía del Estado, que alude al «número inicialmente previsto de asistentes, y en ningún caso a una arbitrariedad, de sesgo político o cualquier otro».

Los querellantes ponen como ejemplo de «otras manifestaciones multitudinarias frente al Congreso la de 8.000 sanitarios, según los organizadores; 1.700 según la Subdelegación del Gobierno –el 18 de junio del año pasado– o 3.000 veterinarios» –en abril de 2022–, y «una concentración de ecologistas que vandalizó con pintura rojala fachada, con el diputado progubernamental Juan López de Uralde entre ellos» –también en la primavera del año pasado–.

«Intentan por todos los medios torpedear la investigación penal en curso contra la delegada», denuncia la Asociación por la Reconciliación. «Estamos ante un nuevo escándalo sobre la instrumentalización de los aparatos judiciales del Estado en servicio de los intereses partidistas del PSOE, instrumentalización que supone un coste importante, en términos de dinero y de reputación, para ambas instituciones que no se mueven por criterios de defensa del interés general o la neutralidad, sino como escudo judicial del Gobierno y sus miembros», concluye.