El debate sobre la manera correcta de atajar el problema de contaminación que existe en Madrid está lejos de cerrarse, entre otras cosas porque no cuenta con una postura unánime de todos los grupos políticos. De hecho, una de las promesas que mantuvo José Luis Martínez-Almeida tanto en campaña electoral como cuando llegó al despacho de honor del Palacio de Cibeles fue derogar el pilar de la estrategia medioambiental de su predecesora, Manuela Carmena: Madrid Central. Pese a que muchos se afanaron en echarle en cara la propuesta, lo cierto es que el actual alcalde tenía preparada su propio proyecto para mejorar la calidad del aire: Madrid 360, un plan que presentará esta misma semana ante las instituciones europeas en Bruselas. Además, y siempre bajo su atenta mirada, Almeida le ha confiado a Borja Carabante la ardua tarea de encabezar el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Y de él parte la nueva ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Consistorio, un texto que según ha podido saber LA RAZÓN incluye en uno de sus puntos la obligación de que todos los edificios que se construyan en la capital a partir de este otoño sean «verdes».

Pero, ¿qué significa esto? El Ayuntamiento quiere que tanto las viviendas como los bloques de oficinas cuenten sin excepción con puntos de recarga eléctrica, así como reservas de superficies para el autoconsumo de energías renovables. De este modo se persigue que el consumo energético sea «casi nulo», «cubriéndose esta demanda mínima con energías renovables generadas in situ», subrayan fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad. De este modo, los inmuebles deberán tener, como mínimo, la calificación B, siendo A en el caso de los edificios municipales.

«Con este objeto, los nuevos edificios deberán reservar superficies para el autoconsumo de energía renovable. Es decir, tendrán que destinar un espacio para el aprovechamiento de la energía solar o, en el caso de que no sea posible, la demanda de energía renovable se satisfará mediante fórmulas de generación distribuida o autoconsumo y se dispondrá de instalaciones para el fomento de la movilidad cero emisiones», añaden estas mismas personas.

Así, esta nueva norma (que modifica la ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, que data de 1985, se modificó parcialmente tanto en 1990 como en 2002 pero aún así no se ajusta a las necesidades ambientales de la ciudad) incluye estrategias para este fin más allá de la de prohibir las calderas de carbón a partir del 1 de enero de 2022, una medida que ya anunció el propio Carabante hace unos días. Una de ellas es que tanto los nuevos aparcamientos como aquellos en los que se realicen reformas deberán estar dotados de infraestructuras mínimas de recarga. Por otro lado, para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria quedarán excluidos los sistemas que produzcan emisiones contaminantes fruto de la combustión (como la biomasa).

Los sistemas de climatización

De este modo, el Consistorio busca favorecer «la implantación de sistemas de climatización mediante bombas de calor hibridadas con fotovoltaica frente a los sistemas de combustión». Es más, a su vez también se incrementarán las exigencias de generación de energía eléctrica renovable para las edificaciones que tengan un uso distinto al residencial privado.

Aunque es cierto que la norma aún no está aprobada, el Ayuntamiento ya se encuentra inmerso en el proceso de tramitación de esta ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad. Si se cumplen los plazos que maneja el Consistorio, entrará en vigor después del verano. El texto surge bajo la necesidad de cumplir el derecho al medio ambiente adecuado que recoge el artículo 45.2 de la Constitución.

«La nueva regulación se articula sobre tres grandes ejes: preservar y mejorar la calidad del aire de la ciudad; proteger la salud y el medio ambiente frente a las emisiones de gases, humos, olores, partículas o cualquier otra sustancia potencialmente contaminante o susceptible de ocasionar molestias a la ciudadanía; y promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables para procurar la sostenibilidad medioambiental», indican personas del equipo que encabeza Carabante.

Además, la nueva ordenanza regula las condiciones específicas para los diferentes tipos de emisores. «Regula emisiones de carácter fijo, como el uso de combustibles, así como las condiciones de evacuación de las instalaciones para calefacción y agua caliente sanitaria de las viviendas y de los locales de actividades», concluyen estas fuentes municipales.

En relación a la prohibición de poner en funcionamiento calderas de carbón a partir del 1 de enero de 2022, en su día Carabante explicó que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un plan estratégico de subvenciones para que los madrileños puedan renovar estos sistemas de calefacción. Y es que los datos indican que en el ránking de los mayores focos de contaminación las calderas aparecen en el tercer lugar. Representan un 18,1 por ciento de las emisiones de óxido de nitrógeno.