La Justicia archiva una denuncia del PSOE contra el alcalde de Ceutí (PP)

El portavoz del PP señala la «injusticia» que habría sido exigir su dimisión siendo inocente

El portavoz del grupo parlamentario, Víctor Martínez, anunció ayer el archivo de la denuncia que el PSOE murciano presentó contra el alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, en mayo del año pasado acusándole de cuatro delitos. «La Justicia vuelve a dar la razón al Partido Popular, al igual que en las anteriores ochenta ocasiones».

Así lo expresó ante lo acontecido en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante las últimas semanas en las que se pide su dimisión por haber sido citado a declarar en calidad de investigado por el caso Auditorio, los populares reflejaron ayer la «persecución» judicial que hace la oposición con los altos cargos del PP.

Después de que el primer edil de Ceutí declarara como investigado en noviembre de 2016, el juez dio carpetazo a la denuncia socialista «porque considera que ni hay desviación del interés público ni ilegalidad manifiesta en la actuación municipal».

De esta forma, Martínez exigió al secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, «que pida perdón, porque son muchas, demasiadas las ocasiones en las que los miembros del PP han tenido que sufrir su persecución y acoso», en referencia a las 80 denuncias archivadas.

En este sentido, se preguntó qué «injusticia» habrían cometido con el alcalde de Ceutí si hubieran exigido su dimisión como pedían los socialistas. «Somos un partido justo, que no condena a inocentes y defiende la Justicia hasta sus últimas consecuencias».

«Acoso al pp»

Martínez denunció así el «acoso» al que se está sometiendo a los miembros del PP «de forma continuada», e incidió en que la única estrategia elaborada por los socialistas resida en «ganar en los Juzgados lo que no le aportan las urnas».

Por otra parte, y en referencia al acuerdo firmado con Ciudadanos (Cs), resaltó que en ocasiones, «los matices son importantes, y cuando se habla de una modificación como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el PP entendía, al igual que Cs, que la línea roja era la apertura del juicio oral».

En este sentido, señaló que el término «imputado» se asemejaría al de «encausado», «en ningún caso al de ‘investigado’, y esos matices son los que tienen que determinar el futuro de ese acuerdo».

Además, minutos antes de la reunión del Consejo de la Transparencia de la Región, el portavoz popular también cargó contra la entidad, asegurando que dicho organismo «no puede ser el cortijo de su presidente, José Molina», y exigió que se reorganizara como un órgano imparcial «que no manche el buen trabajo que está haciendo el Gobierno regional en materia de transparencia».

Así lo apuntó después de que el propio Molina no incluyera un punto del día en el que se abordara el nombramiento de un miembro de las filas populares en dicho Comité, en sustitución de la diputada Patricia Fernández.

El Consejo, por su parte, no exigió la dimisión del presidente regional, «al no ser competente en dicho asunto», según señaló el propio Molina, que rechazó entrar a valorar dicho tema.