Y tras La Ingobernable, La Dragona

Tras entregar la orden de desahucio a la asociación de la calle Gobernador, la intención es iniciar los trámites pertinentes para desalojar a los okupas del cementerio de La Almudena.

«La Ingo» ha sido el principio. Frente a la laxitud del Ejecutivo de Manuela Carmena, la actual corporación municipal ha puesto en marcha los mecanismos legales oportunos para poner freno al movimiento okupa en la capital. Ayer, los responsables del centro social de la calle Gobernardor vendieron su «no desalojo» como una victoria. Según aseguraron ayer sus responsables ante cientos de simpatizantes, el Consistorio «no había podido» echarles debido a la gran cantidad de gente que llevaba haciendo vigilia en el edificio desde la noche del lunes. Efectivamente, tres técnicas de Patrimonio del Ayuntamiento se personaron en el inmueble, entregaron a representantes de la asociación la pertinente orden de desalojo y éstos se negaron a abandonar. Sin embargo, es algo que tenía previsto el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida: el siguiente paso a seguir, tal y como recordó la portavoz municipal Inmaculada Sanz, será acudir a los tribunales por la vía civil. Ahora, será un juez quien tenga que decidir si el edificio, okupado desde hace más de dos años para el uso de cursos y talleres, se desaloja o no.

«No teníamos ninguna duda de que unos caras que llevan dos años viviendo a costa de los madrileños no iban a abandonar voluntariamente ese edificio; era un trámite que había que pasar, y aplicaremos la ley, pero toda la fuerza de la ley para desalojarlos», reiteró el alcalde. «No vamos a permitir que esos okupas disfrazados de bienhechores de la sociedad sigan viviendo gratis en ese edificio», añadió.

El siguiente objetivo que se ha puesto el Ayuntamiento es el edificio conocido como La Dragona, situado en el entorno del cementerio de La Almudena. Y es que, si bien no se encuentra en el mismo proceso administrativo que «La Ingo» –publicación en el BOE, orden de desalojo, notificación...–, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ya declaró ayer su intención de «recuperar» este edificio para los madrileños «con toda la fuerza de la ley».

Intentos frustrados

El Gobierno de Carmena ya intentó dar algunos pasos en este sentido, pero todos fueron estériles. Hace dos años, técnicos del Consistorio trataron de acceder al edificio municipal para estudiar «posibles deficiencias». Sin embargo, los miembros de La Dragona, que se definen como un Espacio Social Okupado y Autogestionado, no les permitieron la entrada. Así, Carmena, por mediación del concejal Carlos Sánchez-Mato, acabó retirando al menos dos órdenes de desalojo esgrimiendo, tal y como hizo con La Ingobernable, que prefería entablar con los okupas un proceso de «diálogo» que, finalmente, no condujo a nada. Los miembros de esta asociación, que afirman no tolerar «comportamientos de tipo racista, sexista, homófobos y xenófobos» ni que supongan un «sufrimiento animal (carne o cualquier derivado)», se enfrentaban entonces a multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes okupados. Sin embargo, a través de las redes sociales dejaron claro que se «iban a defender», no dejándose «amedrentar por las amenazas del Ayuntamiento». «No cedemos ante chantajes ni presiones. Seguimos manteniendo firme nuestro principio de no colaborar con instituciones del Estado». De hecho, organizaron una concentración en Sol en protesta por la política del Ayuntamiento en lo que respectaba a los «centros sociales autogestionados».

Este edificio del cementerio, en el que antes residían trabajadores de la necrópolis, lleva okupado al menos desde 2008 por el colectivo, que entonces se hacía llamar El Dragón. Lo conformaban alrededor de 40 jóvenes que, aseguraban, pretendían «llenar de vida un espacio olvidado», a la par que luchaban «contra la venta fraudulenta de los servicios funerarios madrileños».

¿Qué destino le espera entonces a La Dragona? Villacís reiteró ayer la promesa que ya hizo en la campaña electoral: convertir el inmueble en sede de la Unidad Integral de la Policía Municipal de Madrid de Ciudad Lineal, cuyos efectivos desarrollan actualmente su trabajo en «barracones». «La misma Policía lo ha reivindicado. Entre policías y okupas, nosotros nos quedamos con la Policía porque están aquí para servir a los ciudadanos. En cambio, Ahora Madrid opta por ponerse de lado de los okupas», explicó entonces la candidata de Cs. Además, aseguraba que el emplazamiento era perfecto «a nivel estratégico y de movilidad». Y es que «Ciudad Lineal es un distrito con problemas en las dotaciones. Y tenemos un espacio social okupado que es de todos los madrileños».