Dice que incumplió la Ley de Transparencia al negarse a detallar 430.000 euros en inversiones.

El Ayuntamiento estará obligado a atender una solicitud particular que le requiere «el nombre de Sicav o Sicavs» donde Manuela Carmena «tiene invertidos» 430.000 euros. Así lo dicta una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid a la que ha tenido acceso este diario.

La resolución ha tenido lugar dos años después de que Guillermo Rocafort, periodista, escritor y doctor en Económicas especializado en Sicavs por la Universidad CEU-San Pablo, solicitara al Consistorio una información relativa a la declaración de bienes de la alcaldesa que aparecía en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Al consultar sus datos públicos, Rocafort relata que le extrañó el hecho de que Carmena declarara 430.000 euros en Bankinter online y describiera esta cantidad como «acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva». «Era una ausencia total de información, incluso si se comparaba con compañeros de su propio partido, que son muy escrupulosos. Daba una cuantía a tanto alzado sin aportar la fecha de adquisición», explica Rocafort. Y es que «la Ley de Transparencia no permite ser tibio. Tiene que detallar a qué sociedades se refiere y desde cuándo tiene esas acciones».

Así, y ante lo que le dictaba su intuición, Rocafort se dirigió al Área de Participación Ciudadana y Transparencia para que le informaran «de la Sicav o Sicavs (o en su defecto los Fondos de Inversión)» donde Carmena podría tener ese dinero. ¿La respuesta del Consistorio? No podía «proceder a tramitar» la petición porque los datos del Portal eran «los aportados por la propia alcaldesa».

Tan peregrina excusa llevó a Rocafort a llevar su solicitud a los tribunales, que le han dado ahora la razón. En su fallo, el juzgado estima que el motivo para no admitir a trámite la pregunta de Rocafort «no se encuentra» dentro de los únicos supuestos que permiten la inadmisión, y que se encuentran recogidos en la Ley de Transparencia de 2013.

Además, señala que la decisión del Ayuntamiento supone «la restricción de un derecho constitucional recogido en el artículo 105.b)». Por ello, el juez anula la resolución «al no ser conforme a Derecho» y estima el recurso, si bien no en su totalidad: obliga al Ayuntamiento a admitir a trámite la petición de Rocafort, pero no a publicar la declaración de bienes completa de Carmena.

Al demandante le «sorprende el silencio de la alcaldesa. Aunque no es ningún delito, mi imputación es seria: estoy diciendo que tiene una Sicav. El hecho de que no lo niegue es sorprendente y la deja en muy mala posición», explica. En su opinión, la decisión del juzgado evidencia que la Ley de Transparencia, una «buena ley obligada por la UE» que «ha pillado a nuestros políticos con el pie cambiado», supone «ejercer nuestro derecho a pedir los datos públicos de nuestros representantes».