Revuelta en Ahora Madrid contra los desahucios de Carmena

Cerca de 600 personas, entre ellas tres concejales de Ahora Madrid y varios diputados de Podemos, denuncian y critican los desalojos de familias «vulnerables» de viviendas de propiedad municipal.

Manuela Carmena vuelve a ser víctima del fuego amigo. Esta vez a cuenta de los desahucios. Al menos 600 personas –entre las que se encuentran tres concejales de su Gobierno y varios diputados de Podemos y la cifra puede ir subiendo– firmaron ayer un comunicado en el que critican abiertamente la política de desahucios que, según señalan, ha emprendido el Ayuntamiento de Madrid en las últimas semanas. En el escrito se denuncian dos casos de familias desalojadas de viviendas municipales en el último mes. Una es una pareja en paro con tres hijos menores y otro bebé en camino que ocupaba desde hace seis meses una vivienda municipal en Moratalaz. La segunda, en Tetuán, en la calle Ofelia Nieto, se trata de una mujer que vive con sus dos hijas y dos nietas, y cuyo desalojo estaba previsto para el 9 de marzo, aunque éste se ha retrasado al día de mañana. Estos dos casos no serían los únicos, ya que, tal y como sostiene el comunicado, «se prevé que esta tendencia continúe».

El texto titulado «Parar los desahucios, también los de vivienda pública» está refrendado por los ediles Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Rommy Arce y carga directamente contra la mano derecha de Carmena en el consistorio, la también edil Marta Higueras, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por los desahucios a familias residentes en viviendas de titularidad municipal: «Una deriva que nos sorprende y nos indigna», señala el escrito.

Promesa electoral

Una de las banderas con las que llegó Carmena a la Alcaldía en mayo de 2015 fue la de parar los desahucios. La alcaldesa se reunió personalmente con algunos de los directores de los principales bancos que operan en Madrid. El objetivo era paralizar los desahucios e incluso adquirir viviendas vacías en manos de estas entidades para alquiler social. Según han ido pasando los meses, aquellas promesas se desvanecieron. Ni el Ayuntamiento tenía capacidad para evitar lanzamientos judiciales, ni el consistorio va a poder cumplir con el objetivo de sacar al mercado 4.000 alquileres sociales. El único compromiso que hasta ahora era firme era el de paralizar todos los desahucios de viviendas municipales. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo acordó en septiembre
–precisamente con los votos en solitario de Ahora Madrid– paralizar estas expulsiones tras del Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por el que se condena a España por llevar a cabo desahucios sin que la Administración facilite alguna alternativa habitacional. A esto se debe añadir que, desde septiembre de 2016 el consistorio permite a los okupas de las viviendas de la EMVS regularizar su situación, siempre que pudieran demostrar que llevaban al menos un año ocupando dicha vivienda.

Precisamente, el comunicado lanzado ayer hace referencia a la contradicción entre el anuncio de la paralización de los desahucios y los lanzamientos que, aseguran que se están produciendo en viviendas públicas para expulsar a familias que no tendrían ninguna alternativa habitacional. «Nos sorprende porque la responsable de esta área de Gobierno había expresado públicamente su compromiso de que la EMVS no iba a desahuciar a los ocupantes de sus pisos. Nos indigna porque esos desahucios son especialmente sangrantes. No sólo porque son obra de una empresa municipal, sino porque las condiciones sociales y de vulnerabilidad de estas familias, son especialmente duras», señala el texto al que ayer seguían sumándose adeptos, muchos de ellos militantes de Podemos y del resto de partidos y plataformas que conforman Ahora Madrid, la formación liderada por Manuela Carmena.

La advertencia

Además de criticar esta «nueva deriva», los concejales de Carmena van más allá al señalar que «no podemos aceptarlo» porque según recuerdan «Ahora Madrid se comprometió en su programa electoral a frenar los desahucios en la ciudad, y parece lógico empezar dando ejemplo con aquellos que dependen del propio Ayuntamiento en viviendas públicas». Por ello exigen a la EMVS que busque una solución a todas las familias «que por necesidad y por su situación de extrema precariedad ya han ocupado una vivienda de la EMVS». De lo contrario, señalan, «enfrentará a pobres contra pobres y acrecentará un conflicto en vez de aportar una solución». Asimismo, llaman a Carmena a apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que se presentó en la Asamblea de Madrid tras recabar más de 77.000 firmas y que recibió el apoyo de Podemos y del PSOE, pero fue tumbada por PP y Cs. La iniciativa, que promueve la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, propone crear una «ley urgente por el derecho a la vivienda».