Queja al Defensor del Pueblo por los desahucios de Carmena

Marcia, sus dos hijas y sus dos nietas serán expulsadas hoy de una vivienda municipal.

La revuelta interna en el Gobierno municipal a cuenta de los desahucios se mantiene encendida. El manifiesto «Parar los desahucios, también los de vivienda pública» que el lunes lideraron tres concejales del equipo de Manuela Carmena contra los desalojos de viviendas en propiedad del Ayuntamiento de Madrid sigue ganando adeptos, muchos de ellos, diputados de Podemos, miembros del Consejo Ciudadano de la formación morada en Madrid y vocales de Ahora Madrid en diferentes distritos.

Ediles de la formación de la alcaldesa como Rommy Arce, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona han iniciado una «cruzada» contra su compañera de partido, Marta Higueras, mano derecha de Carmena y responsable de la política municipal sobre vivienda: «La Empresa Municipal de la Vivienda no puede continuar con una política de desahucios que causa daños irreparables en las familias como ya ha reconocido la ONU», escribió Arce en Twitter para justificar la firma del manifiesto que critica abiertamente al Gobierno al que pertenece porque, según denuncian la EMVS, ha iniciado dos órdenes de desalojo de viviendas públicas contra dos familias a las que aseguran que no se les ha dado una alternativa habitacional. Tanto Arce, Galcerán, Carmona como los otros más de 600 firmantes del manifiesto recuerdan también en el comunicado que, en septiembre, después de que la ONU condenara a España por llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional, Carmena se comprometió a no desalojar a nadie de «sus» viviendas es una situación vulnerable sin darle una solución. Una promesa que, según los firmantes, la alcaldesa e Higueras han incumplido. En primer lugar, con una familia de Moratalaz a la que se expulsó en marzo; en sengudo lugar, con la que se echará hoy, fecha de ejecución de la orden de desalojo para Marcia, una mujer que vive hace poco más de un año en el número 49 e la calle Ofelia Nieto junto a sus dos hijas, de 18 y nueve años, y sus dos nietas –hijas de la primera– de dos años y un mes de vida. Su caso ha llegado estos días en forma de queja al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. Acusan al Ayuntamiento de «no ser sensible» a sus peticiones de un alquiler acorde a sus ingresos, de 460 euros mensuales, y de haber promovido el desahucio «sin ningún tipo de alternativa habitacional digna y adecuada»; únicamente la de buscarse dormitorios, por separado, cuyo alquiler lo abonaría el consistorio pero que Marcia alega que es una solución «imposible de cumplir» porque separaría a esta familia que depende del sueldo de ella y en la que hay tres menores de edad.