Dice que si tiene que volver a entrar en prisión «es lo que hay», a pesar de haber colaborado con la Justicia.

David Marjaliza, considerado el cerebro de la «trama Púnica», no hacía ascos a ningún partido político para conseguir adjudicaciones de contratos que le proporcionaban pingües beneficios. Prueba de ello es que no tenía reparos en «colaborar» para que PP y PSOE pudieran cubrir sus gastos electorales para las campañas de 2007 y 2011 en los municipios madrileños donde tenía gran parte de sus negocios. Así lo reconoció el constructor amigo de Francisco Granados al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las dos fiscales Anticorrupción en su declaración de junio del pasado año.

Parla, Aranjuez, Pinto (que tenía un regidor socialista, Antonio Fernández, que aspiraban a repetir en la alcaldía), Valdemoro y Torrejón de Velasco (con alcaldes del PP) fueron los municipios a los que aludió directamente Marjaliza cuando una de las fiscales le preguntó qué ayuntamientos le pidieron dinero para financiar esas campañas. El empresario –en libertad desde el pasado diciembre, tras pagar una fianza de 100.000 euros– admitió que «ayudaba» a financiar esos gastos de diversas formas. Y es que unos, afirmó, le pedían costear sus «mítines» y otros, incluso, «banderas» y hasta «cócteles».

A Marjaliza se le interpeló para que diera los nombres concretos de los políticos a los que «ayudó» a sufragar esos gastos, a los que también contribuyó, dijo, el constructor José Luis Capita. Fue entonces cuando Marjaliza comienza la retahíla de candidatos de municipios madrileños a los que, según él, habría ayudado en sus gastos electorales. En Parla, Tomás Gómez –aunque dejó claro que nunca habló con él directamente y que el supuesto intermediario era el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso; en Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros; en Pinto, Antonio Fernández; en Valdemoro, Francisco Granados y sus sucesores, José Miguel Moreno y José Carlos Boza, y en Torrejón de Velasco, Miguel Ángel López. También aludió a Aranjuez.

Una vez realizada esta identificación, se le preguntó a qué campañas electorales se refería, a lo que Marjaliza contestó que a las de 2007 y 2011, para añadir, con un cierto tono sarcástico: «En la actual –la de 2015–, no, entre otras cosas porque estaba en prisión».

El juez Velasco quiso saber si esa financiación iba más allá del ámbito local, por lo que aprovechó para preguntarle si se recomendaba también para financiar a los partidos «a otro nivel», o, como señaló el magistrado, si «entre col y col recogía dinero para partidos políticos». En este caso, sin embargo, Marjaliza no fue más allá y se limitó a responder con un lacónico «no lo sé».

El constructor amigo de Granados (aunque no de la infancia, precisó: «Paco me saca como cuatro o cinco años») involucró a Tomás Gómez en el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones. En la época en la que era alcalde del municipio, aseguró, «se pagaron muchas cosas: se pagaron mítines, se pagaron banderolas, se pagaron bebidas...».

Hasta 300.000 euros

«A mí me llamaban y me decían: ¿quieres viviendas en este suelo? Sí, pues preséntate a este concurso. Nosotros nos presentábamos a veinte parcelas y nos adjudicaban cuatro», explicó el presunto «cerebro» de la trama corrupta. «En el caso de Parla, creo que nos adjudicaron seis o siete parcelas por un total de 400 y pico viviendas».

Marjaliza intentó quitar hierro a esas prácticas corruptas. En esos años del «boom» inmobiliario, se excusó, «en nuestro país en el noventa y mucho por ciento de las adjudicaciones se pagaban comisiones». Interpelado por una de las fiscales sobre el «modus operandi» en el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones, el empresario fue bastante elocuente. «Siempre había una máxima: “Si te gusta la magia, no preguntes el truco”». Con esa filosofía, según contó, financió un gastos «del partido», y en particular se refirió a un mitin al que asistió el ex presidente del Gobierno Felipe González.

Era él mismo, precisó, quien se encargaba de pagar las comisiones a su intermediario, Alonso Conesa. «¿Cuánto?», quiso saber la fiscal. «No me acuerdo ahora. Si había vivienda protegida, 200.000, 300.000, 50.000 euros...».

Otro de los municipios señalados por Marjaliza fue el de Valdemoro, epicentro de la supuesta «trama Púnica». En la campaña electoral del PP de 2011, aseguró, puso de su bolsillo 90.000 o 100.000 euros a cambio de futuras adjudicaciones. El trato se cerró directamente, según contó, con el candidato popular (y después alcalde) José Carlos Boza, aunque el dinero lo entregó al responsable de Hacienda del municipio. No era a fondo perdido. Posteriormente, lo recuperaba «poco a poco» en comisiones. Recuperado ese desembolso, el resto iba «sólo a políticos».

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, también habría cobrado comisiones según el empresario. Era, explicó a preguntas del juez Velasco, «el que mangoneaba» en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) cuando Granados era consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. «Había una cosa no escrita según la cual un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada (entonces director general de Cooperación con la Administración Local) con su gente y el último para Paco o la consejería».

Pero fue el ex alcalde socialista de Parla José María Fraile el que, a través de su jefe de gabinete, Antonio Borrego, se habría beneficiado de la comisión más cuantiosa, según Marjaliza. El constructor asegura que pagó en efectivo medio millón de euros «para el alcalde, para el partido» –a razón de 50.000 euros al mes– a cambio de la adjudicación de un contrato de eficiencia energética a favor de la empresa Cofely.