El punto negro de Butarque que olvidan Carmena y Garrido

Los vecinos denuncian la inacción de la Administración en una vía donde han muerto siete personas.

Antes de que el distrito de Villaverde se expandiera, el tramo que unía a la capital con el barrio de Butarque era una carretera interurbana que unía Madrid con San Martín de la Vega. Pero, con la construcción de nuevas viviendas y la llegada de numerosas familias para crear esta zona residencial, la Comunidad de Madrid cedió el tramo al Ayuntamiento, «el único que nos permite acceder a nuestras viviendas», explica a este diario Verónica Parra, presidenta de la asociación de vecinos. Y es esta zona donde, desde 2007, han fallecido siete personas. El pasado 24 de enero se produjo el último accidente grave. Un vecino del barrio permanece ingresado con heridas de gravedad.

«Lo que queremos es que se ceda ese medio kilómetro al Consistorio para que se considere vía urbana y se puedan bajar los límites de velocidad», reclama Parra. Lo que buscan conseguir desde la asociación vecinal es que «se cree una rotonda que facilite el acceso» y les dé más seguridad a los vecinos. «Sabemos que si no se hace, va a seguir muriendo gente», insiste.

¿Dónde se encuentra el problema? En la avenida de Los Rosales, entre la M-45 y el bypass de la A-4 (que pertenece al Ministerio de Fomento). Es una carretera autonómica, la M-301, de dos carriles, por la cual los vehículos circulan a mucha velocidad, a pesar de que está prohibido ir a más de 70 km/h. La vía termina en un carril único y es ahí donde se producen la mayoría de accidentes.

Llevan años reivindicando que se pongan de acuerdo Comunidad y Ayuntamiento para que este punto negro se elimine, «pero no terminan de ponerse de acuerdo», explica la vecina. Desde «el Área de Desarrollo Urbano Sostenible ni siquiera han contestado al escrito que la Dirección General de Carreteras envió en febrero de 2017 ofreciendo ceder la competencia de la vía y tampoco contestan a las peticiones de información», denuncian desde la asociación de vecinos.

«Las administraciones son incapaces de ponerse de acuerdo, mientras no lo consigan, los accidentes se seguirán produciendo y la movilidad del barrio continúa dependiendo de esta carretera», añaden.

Y es que, como explica Parra, «ese acceso es el único que tenemos y cada vez que hay un accidente nos quedamos bloqueados, porque si no debemos dar una vuelta de unos diez kilómetros». Lo que tienen claro es que para las instituciones afectadas es «un problema que no quieren asumir ninguna», asevera la portavoz.