Ahora son diputados de la Asamblea de Madrid, destacados miembros del PSM y senadores del PSOE por Madrid; sin embargo, hasta hace sólo unos años, Tomás Gómez y Enrique Cascallana dirigían los consistorios de Parla y Alcorcón. El secretario general del PSM se fue en 2008 y el secretario de Comunicación lo hizo en 2011, después de perder las últimas elecciones. Ambos dejaron atrás sendas herencias que ahora el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado ha sacado a la luz.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el tribunal abre la «caja de los truenos» de Parla y Alcorcón, ya que revela desde la deuda millonaria que dejó Cascallana en Alcorcón y que siempre negó; hasta la ruina que ha supuesto el que en su día fuera el proyecto estrella de Gómez en Parla, el tranvía, y cómo éste dejó el municipio al borde de la bancarrota, en una situación de «insolvencia». Todo ello sin olvidar una larga lista de irregularidades, la mayoría referidas al endeudamiento de ambos municipios.

El informe, que fiscaliza las cuentas las cuentas municipales de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, será remitido a la Comisión Mixta del Congreso-Senado –Cámara a la que pertenecen los dos protagonistas– y, tras una audiencia en la que los ex alcaldes podrán alegar y presentar documento, será remitido al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado que determinarán si existen responsabilidades contables, penales y administrativas.

Alcorcón: 25 años pagando deuda

Buena parte de las irregularidades y mentiras que destapa el informe de Tribunal, de 171 páginas, referentes a la gestión de Cascallana en Alcorcón fueron denunciadas por el PP a su llegada al Ayuntamiento que dejó el ahora senador del PSOE en 2011, sin embargo Cascallana siempre lo negó.

El informe definitivo del Tribunal de Cuentas confirma la deuda municipal que ya calculó el interventor a la salida del ex alcalde socialista. El agujero asciende a 612 millones de euros, que, en un municipio de 170.000 habitantes, supone una deuda de casi 4.000 euros por vecino y que supone 3,4 veces el Presupuesto de gasto del Consistorio alcorconero para el este año, que asciende a 177, 5 millones. Una cifra total que contrasta con los 53 millones de euros de deuda que admitía Cascallana; es decir doce veces menos de la realidad.

El Tribunal de Cuentas advierte en su informe que además de una deuda, que los vecinos tardarán en pagar 25 años, el ex primer edil cometió diversas irregularidades a lo largo del año 2008, cuando concertó unas operaciones de crédito por valor de 44 millones de euros. El actual alcalde, David Pérez (PP), detalló ayer en rueda de prensa algunos de los apuntes más significativos del informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN: «Alcorcón concertó durante 2008 otras tres operaciones de crédito a largo plazo, para financiar diversas inversiones recogidas en el presupuesto de este año, por otros (en referencia a un crédito previo) 22 millones de euros», destaca el documento, sobre las operaciones que hizo Cascallana para sobreendeudarse con cuatro créditos por valor total de 44 millones.

Y añade que para ello no se solicitó la «autorización preceptiva» del Ministerio de Economía y Hacienda, que por entonces dirigía su compañera de filas en el PSOE, Elena Salgado. A este respecto, el informe añade que hay «constancia» de que Hacienda conoció estas operaciones de endeudamiento un año después y pese a ello no actuó.

De esta manera se confirman las distintas advertencias que tanto el Interventor como el Tesorero municipales hicieron sobre que «el pago de los créditos generaría dificultades para hacer frente a las nóminas del personal».

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, abogó ayer por que «la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actúe de oficio para trasladar a la vía penal todas estas conclusiones que ya estima como definitivas. Llevamos denunciando estas irregularidades desde que llegamos al Gobierno y actualmente todas ellas están en la Sala de Enjuiciamiento de este Tribunal»

20 años para el «pufo» de Parla

Que Gómez y su sucesor han llevado a Parla a un nivel de endeudamiento imposible de pagar lo desveló la Cámara de Cuentas el pasado mes de octubre, el Supremo (al anular los presupuestos de 2009), el Plan de Pago a Proveedores y ahora lo ratifica el Tribunal de Cuentas, en el informe definitivo que ahora remite a las Cortes para su evaluación y en el que afirma que «la situación de insolvencia es apreciable».

En concreto, y en contra de lo que afirman Gómez y su sucesor José María Fraile, el Tribunal destaca que Ayuntamiento de Parla se quedó, tras la marcha de Gómez, con una deuda imposible de pagar ya que, dice, necesita cinco veces más de lo que dispone para pagar sus números rojos.

Cuando Gómez se marchó de Parla para dirigir el PSM, los socialistas sólo admitían una deuda –con entidades bancarias– de 50 millones. El Plan de Proveedores de Rajoy sacó de los cajones facturas por valor de 220 millones de euros –desde la etapa de Gómez–, a lo que habría que añadir la deuda del Tranvía –unos 200 millones de euros–, que elevan la cifra total a unos 500 millones de euros, que tardarán en pagarse más de dos décadas. El informe concreta que cuando Gómez se fue dejó un acumulado negativo en las cuentas de 71,8 millones, que Fraile elevó en un año en 76 millones, y que por ello deja al municipio en una situación de insolvencia. Además el informe destapa «irregularidades» la contratación de personal en 2009 y 2010, una contratación con la que se actuó en contra del interés del Ayuntamiento».

Un informe avalado por el PSOE

Pese a que se había filtrado parte de su contenido meses atrás, no ha sido hasta ahora que el Tribunal de Cuentas ha emitido el informe en el que valora la gestión de los municipios de Parla y Alcorcón –junto con otros municipios–, respecto al pago de deuda a proveedores, durante 2008 y 2009, cuando eran alcaldes Tomás Gómez y Enrique Cascallana, respectivamente. Dicho informe, que se aprobó por unanimidad de todos los partidos, incluyendo el voto favorable de los consejeros propuestos por el PSOE, será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado, para su valoración por parte de las Cortes. Serán el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado quienes determinen si hay responsabilidades contable, penales y administrativas.