El Plan de Derechos Humanos de Carmena (parte II): despenalizar la okupación

Los colectivos que asesoran a la alcaldesa piden que el Ayuntamiento reconozca la okupación como un derecho «si se vive en precario» y que se sancione a los propietarios de viviendas vacías

El futuro plan de Derechos Humanos que el Gobierno de Manuela Carmena quiere aprobar antes de que acabe el año amenaza con provocar un nuevo incendio en el Ayuntamiento de la capital. Las críticas a la labor de la Policía Municipal y al conjunto de los funcionarios que colectivos sociales han incluido en los documentos de trabajo que el Ejecutivo de Ahora Madrid tendrá en cuenta para su posible inclusión en el proyecto definitivo desataron ayer la primera polémica ligada a este plan. Los sindicatos policiales y la líder de la oposición, Esperanza Aguirre, rechazaron ayer que algunas de las organizaciones que asesorarán al Ayuntamiento califiquen a los agentes de elementos «represores» y de «tener el monopolio de la violencia».

El plan que pilota el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, quiere ir mucho más allá del mero análisis de las buenas prácticas que en materia de Derechos Humanos se realizan en el consistorio. En lo que concierne a las políticas de vivienda, las sugerencias que las asociaciones participantes en los talleres celebrados en el mes de julio –la PAH, Asamblea Vivienda de Latina, ACCEM, Amnistía Internacional, entre otras– han trasladado al equipo de Carmena suponen una vuelta a las recetas más radicales de Podemos y de sus partidos satélites.

Los colectivos encargados de formular propuestas relativas al derecho a la vivienda plantean una batería de medidas orientadas a legalizar el fenómeno de la okupación. Entre ellas, la elaboración de un «censo de la vivienda okupada» y la «regularización del alquiler social. A ello suman, tal y como defienden algunos de los concejales del grupo municipal de Ahora Madrid, la «eliminación del requisito de no okupación» para acceder a una vivienda pública, lo que se traduciría en que los okupas tendrían los mismos derechos que el resto de ciudadanos para acceder a un piso de la EMVS. De hecho, entre las propuestas concretas que se formulan para evitar la «criminalización de la okupación» –definida como un problema entre los participantes en esta mesa– es su «despenalización». Asimismo, proponen que quienes se «hayan enganchado» ilegalmente, por ejemplo, al suministro de la luz sean perdonados si optan por regularizarse. También respecto al fénomeno de la okupación, lamentan que se aborde «como un problema» en lugar de como una «consecuencia de la política de vivienda».

Como solución a las familias que son desalojadas y no cuentan con una alternativa ocupacional, los colectivos firmantes del documento de trabajo defienden que «si está justificada y acreditada la ocupación en precario, que no se les imponga multa por usurpación».

El otro frente en el que se concentran buena parte de las propuestas es el de las viviendas vacías. De hecho, con el propósito de «acabar con la especulación inmobiliaria», la receta concreta que esbozan es «penalizar el inmueble inactivo». Concretan la iniciativa en tres acciones: la creación de una normativa municipal para definir vivienda inactiva y penalizar su inactividad; inspeccionar la vivienda vacía para verificar su estado; y utilizar el valor de esfuerzo como baremo para la definición de vivienda inactiva, lo que permitiría, según su análisis, «bajar los precios de la vivienda».

En otro punto del documento –al abordar la «imposibilidad del acceso a la vivienda en régimen de tenencia para determinadas personas»– se insiste en la «penalización de la vivienda vacía», abriendo incluso la puerta la «expropiación, en último extremo». Respecto a las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, la propuesta formulada por este grupo de trabajo pasa por la «cesión forzosa de uso (expropiación de uso)». Esto se concreta en que «si va a haber un desahucio y la vivienda se va a quedar vacía, se prohíba el desahucio y se obligue (al banco) al alquiler social».

Los bancos son uno de los colectivos señalados como culpables de todos los problemas en materia de vivienda por parte de los colectivos participantes en este debate, aunque reparten esta responsabilidad con el Gobierno central el Ayuntamiento y la Comunidad. Según los colectivos invitados por el Ayuntamiento, el Plan de Derechos Humanos debe también incluir medidas destinadas a los propietarios que alquilan sus viviendas: «Compensación a propietarios para que el alojamiento de emergencia sea la propia casa de la familia». Aunque a este respecto, advierten que un «propietario que ha hecho el lanzamiento», es probable que no acepte esta solución.