El plan «anti-Airbnb» de Carmena no cerró ningún piso turístico

Durante el mes de agosto, del centro de Madrid desaparecen sus vecinos y los sustituyen los turistas. La mayoría de ellos se alojan en pisos turísticos a pesar del Plan Especial de Usos que implantó el anterior Gobierno, los vecinos no han percibido ningún cambio.

Agosto es el mes en el que Madrid deja de ser la capital ruidosa, llena de atascos y de prisas. Cambia el ritmo de la ciudad y también sus habitantes, sobre todo en el centro, donde los maletines se sustituyen por maletas de ruedas y las bolsas de la compra por las de grandes multinacionales de moda. Y no solo eso, las casas se vacían de vecinos y se llenan de visitantes. Se convierte en un destino más de turismo. Sin embargo, los que se quedan lo terminan sufriendo. «Cada año se nota más y en verano, ni te cuento», afirma Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca y uno de los pocos que se ha quedado en Madrid durante este mes. Lo que también ha notado es que «lo único que se llena son los hoteles y los pisos turísticos, que se han multiplicado», insiste. Y es que, a pesar del Plan Especial de Usos que implantó el anterior Gobierno, los vecinos no han percibido ningún cambio. «Todo lo contrario, cada vez es peor», insiste este vecino de uno de los barrios más afectados.

Y, a pesar de la queja constante de los residentes, lo cierto es que «a día de hoy no se ha realizado un solo precinto de la actividad puesto que existen múltiples lagunas jurídicas a raíz del plan de Carmena», aseveran a LA RAZÓN fuentes del Ayuntamiento de Madrid. El anterior equipo abandonó Cibeles con un saldo de 550 expedientes de cierre de actividad «si bien 470 de ellos han presentado recurso administrativo», añaden.

Lo que no aclara el Consistorio es qué ha ocurrido con los 80 que no están en recurso administrativo. Es más, como explica una vecina del barrio de Chueca que denunció un piso de su bloque, «le abrieron expediente de cierre, no lo recurrió, pero nadie se lo ha cerrado y sigue teniendo actividad». El nuevo equipo insiste en que «a través de la agencia de actividad se ha realizado un intenso trabajo en materia de disciplina urbanística y control de pisos turísticos», pero lo cierto es que sus frutos no son los deseados por los vecinos.

Así, lo que insisten desde el Consistorio es que «desde el nuevo equipo estamos trabajando en ordenar y regular de forma real y eficiente» esta situación, « pues los problemas de convivencia vecinal siguen siendo los mismos que antes de que Carmena intentara regularlos». Ellos insisten en que «la prohibición encubierta no es la solución, sino regularlos para que puedan ser controlados efectivamente de la mano de la Comunidad que es quien tiene las competencias en materia de turismo». En esta línea se enmarcaba el anuncio del nuevo alcalde José Luis Martínez-Almeida que insistió, hace unos días en una entrevista a Efe, que quiere crear una «normativa basada en criterios objetivos» y «bajo parámetros que sean reconocibles, que no tengan carácter arbitrario ni discrecional». Y fue más allá. El alcalde aseveró que la normativa pasará «por el reconocimiento de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como un uso terciario» y «no como una actividad gratuita ni como una economía colaborativa», ya que «es obvio que es una fuente de ingresos muy importante para los propietarios». Eso sí, también baraja «analizar todos los intereses en conflicto» y «tomar medidas que no sean restrictivas de la libre competencia, pero que sí preserven también un determinado modelo de ciudad que creo que sí que es importante», en referencia a los problemas de convivencia que sufren cada vez más vecinos.

Una de ellas es Leticia García, propietaria de una casa en Chueca y que, desde hace unos años, ha declarado una guerra a los pisos turísticos. Ella lo sufre de primera mano y, por eso, decidió formar parte de la asociación Stop Pisos Turísticos, una coordinadora que agrupa a más de 800 asociaciones vecinales de barrios históricos de toda España. «No solo tengo uno en mi edificio, sino que tengo dos». Su caso es aún más sangrante porque «cuando se aprobó la norma de propiedad horizontal vimos la luz». Esta norma permite que si tres quintas partes de los propietarios de un edificio se niegan al alquiler turístico, estos negocios no se puedan instalar. Pero, «nosotros acordamos su prohibición y otro piso se ha instalado sin hacer caso. Sólo nos queda acudir a los tribunales, porque las denuncias ante el Ayuntamiento no sirven para nada».

Lo que no comprenden los vecinos es por qué, si se han abierto más de 500 expedientes, «¿por qué no se han cerrado? Es una ilegalidad. Cuando un negocio no cumple y se le tramita un expediente de cese y cierre, la Policía acude inmediatamente para que se cumpla dicho mandato, pero con las viviendas vacacionales no se está cumpliendo. Se ha convertido en un negocio sin ningún control», denuncia García. Lo que más les indigna es que «el plan de Carmena no fue más que una estrategia de márketing para mostrar que hacían algo, pero yo, como la mayoría de vecinos de mi edificio, compré la casa cuando estaba vigente el plan de urbanismo de 1997 por el que ya se establecía que, para ofrecer un servicio de hospedaje, debían contar con una entrada independiente y no se cumple».

Pero, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los vecinos es que «no se está cumpliendo la ley de seguridad ciudadana. Los DNI los mandan por e-mail, no les ven las caras, y se los reenvían a la Policía, pero nadie lo comprueba, así que no sabemos quién se puede meter en las casas», afirma la vecina de Chueca, que asegura pasar miedo: «¿Cuánta gente tiene la llave de mi portal? He visto a gente borracha, drogada, practicando sexo, es normal que sintamos terror y, sin contar, con la ansiedad de saber si podremos dormir cada noche».