El «caso Ganga» cerca a Sara Hernández

La investigación iniciada por la Policía Nacional para esclarecer un posible caso de corrupción en el Gobierno socialista de Getafe, sigue su curso. LA RAZÓN ha podido conocer que también habrían sido citados como investigados no detenidos (imputados) la concejal no adscrita Mónica Cerdá, expulsada del PSOE, y Juan Manuel Hernández, gerente de la empresa municipal Gisa y persona de la máxima confianza de la actual regidora, la socialista Sara Hernández.

La investigación iniciada por la Policía Nacional para esclarecer un posible caso de corrupción del gobierno socialista de l municipio madrileño de Getafe, sigue su curso. LA RAZÓN ha podido conocer que también habrían sido citados en fechas pasadas como ‘investigados no detenidos’ (imputados) la concejal no adscrita Mónica Cerdá, expulsada del PSOE, y Juan Manuel Hernández, gerente de la empresa municipal Gisa. Este último es persona de la máxima confianza de la actual regidora, la socialista Sara Hernández.

Según la instrucción, Cerdá era en septiembre de 2015, fecha en la que se firmó la indemnización a Ganga, consejera delegada de la empresa pública Gisa. En su declaración en sede policial, que tuvo lugar el pasado 9 de marzo, la edil subrayó que ella no participó ni tomó ninguna decisión en el acuerdo de conciliación laboral rubricado con el abogado.

Según el atestado de la Policía, al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN, Cerdá apuntó que ese tipo de cuestiones pertenecen a “asuntos cotidianos que gestiona directamente la gerencia de Gisa”, en alusión a Juan Manuel Hernández, quien, llamado a declarar en sede policial el pasado 5 de marzo, se acogió a su derecho a no prestar declaración.

En el mismo caso se investiga el pago de 60.000 euros al abogado Alberto Ganga en concepto de indemnización por trabajar únicamente durante 29 días en Gisa y en un período de pruebas que no superó. El letrado, como informó este lunes LA RAZÓN, también declaró como imputado ante la Policía el pasado 28 de febrero.

Este asunto, conocido como ‘caso Ganga’, se inició a raíz de una querella interpuesta por el Partido Popular de Getafe al considerar que el pago de esa desorbitada indemnización podría ser constitutivo de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. Los populares siempre han sostenido que el abono de esos 60.000 euros se debió a una especie de pago de favor al abogado, que ejerce la representación de la acusación popular en el asunto del Teatro Madrid, que se sigue contra concejales del Partido Popular en Getafe. Los populares señalan que el Gobierno socialista de Sara Hernández organizó una trama corrupta, con apariencia de legalidad, para pagar los honorarios de Ganga, que siempre se ha jactado de no cobrar ni un solo euros por su labor en ese caso.