El Ayuntamiento gasta 250.000 euros en una «auditoría» de sus funcionarios

Encargará a una empresa privada el diseño de las cargas de trabajo de los empleados municipales

Esta semana el Ejecutivo de Manuela Carmena sacará adelante la «privatización» de una tarea municipal más. La gerente de la ciudad, Carmen Román, ha convocado para mañana a los portavoces de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento para aprobar la elaboración de una auditoría sobre el trabajo de los funcionarios que hará una empresa externa y costará a las arcas públicas 249.285 euros (IVA excluido). En concreto, el nuevo contrato público, cuya fecha de inicio prevista es el 2 de enero de 2017, se encargará de realizar una evaluación de las diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos para «determinar su carga de trabajo y, en función de ello, definir sus necesidades de personal».

El proceso afectará a 13.000 empleados públicos, 119 subdirecciones generales y podrá superar los 800 expedientes, pero para la tarea la gerente de la ciudad no contará con ninguno de los casi 30.000 trabajadores que forman parte del cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Desde la dirección general de planificación interna justifican esta decisión en que, a diferencia de la primera fase de este estudio –que sí han llevado a cabo profesionales de la plantilla municipal–, en esta segunda parte se considera necesario proceder a la contratación del análisis de cargas de trabajo «por complejidad, dimensiones y alcance del proyecto». Así, subrayan la «heterogeneidad y especialización de la actividad», que tendrá que comparar el trabajo de los funcionarios de las distintas áreas de Gobierno atendiendo a «los diferentes servicios que prestan», al «número de trabajadores afectados» o a «la diversidad de colectivos a los que pertenecen dichos trabajadores». «La alta especialización del objeto del contrato exige una elevada especialización y sofisticación», se añade en el resumen del objeto de esta externalización de servicios por parte del Gobierno de Ahora Madrid.

Lo primero, «sensibilizar»

La tarea es sensible, puede levartar ampollas entre funcionarios de unos u otros departamentos, y éste debe ser precisamente el motivo por el que la primera de las actividades que tendrá que desarrollar la empresa que se haga con el citado contrato no es otra que el diseño de un plan de comunicación para facilitar, dicen en el mismo, «la sensibilización, conocimiento y buena acogida de todos los actores implicados en el proyecto». Además, la auditoría tendrá que catalogar las diferentes tareas que se desarrollan en el consistorio en función de su complejidad, determinar el personal que interviene en cada proceso, diferenciándose por grupo profesional y «señalándose la parte de su tiempo de trabajo» en cada proceso o establecer indicadores «de medición de la productividad». Posteriormente hará recomendaciones sobre «las cargas de trabajo óptimas para el desarrollo de los trabajos asociados» o, según el volumen de actividad, «qué cantidad de personal es necesario para cada unidad». En función de los resultados propondrá la redistribución de efectivos.

Para hacerse con este contrato la empresa adjudicataria deberá contar entre su plantilla con un director, con categoria de socio, con una experiencia profesional mínima de 15 años y experiencia de trabajo para el sector público, y un jefe de proyecto con diez años de experiencia en este tipo de tareas.

La externalización de esta auditoría del personal municipal y sus funciones se topa de frente con la intención del Gobierno de Carmena de remunicipalizar todos los servicios que sean posibles. Quieren que la plantilla del Ayuntamiento de Madrid vuelva a gestionar servicios como la recogida de basuras –que sin embargo Carmena ha acabado adjudicando a las mismas empresas que ya desarrollaban esta labor con los anteriores alcaldes del PP– o, como la propia alcaldesa anunció la semana pasada en una entrevista, la remunicipalización de la limpieza viaria. De momento Ahora Madrid sólo ha cumplido esta promesa electoral en el caso de la funeraria, que la semana pasada pasó a manos municipales.