La Fiscalía pidió ayer el archivo de la causa que mantiene como «investigada» a la delegada del Gobierno.

«Ha sido un montaje por parte del partido que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y ha quedado acreditado que la señora Higueras y el señor Sánchez Mato plantearon una denuncia que omitía datos esenciales a la Fiscalía para entender la operación de Mercamadrid». Así reaccionó ayer la delegada del Gobierno en Madrid al anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de que pedirá el archivo del llamado «caso Mercamadrid» por el cual se mantiene en calidad de «investigada» junto a otros 15 miembros del Consejo de la empresa pública del año 2013 por un supuesto delito de administración desleal.

A la espera de que la decisión que dicte el juez sea la misma que la que ha tomado el Ministerio Público, Concepción Dancausa estudiará con sus abogados las «acciones judiciales pertinentes» para denunciar el daño que se ha hecho «a su honor y su reputación». «He estado 40 años en la Administración, jamás he tenido ningún tipo de problema o denuncia y no voy a consentir que ahora estas personas manchen mi reputación, que he tratado de mantener toda mi vida de forma seria y rigurosa»,afirmó ayer.

Fue hace justo un año cuando la misma Fiscalía que ayer pidió el archivo de la causa presentó una denuncia contra los 16 integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid del 2013 por un delito societario. Entonces la Fiscalía entendía que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mercamadrid con la empresa Mercaocio 22 S.L. habían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio».

Según Dancausa, si la Fiscalía Anticorrupción llegó a esa conclusión fue porque los ediles del Gobierno de Manuela Carmena, Marta Higueras y Carlos Sánchez-Mato, presentaron ante el Ministerio Fiscal un escrito de denuncia en el que «ocultaron» parte de la realidad.

En concreto, los concejales de Ahora Madrid denunciaron unas supuestas «prácticas irregulares» que habrían hallado al llegar al Gobierno municipal en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%, con «responsabilidades políticas por mala gestión», según adelantaron al diario «El País». Las pérdidas de la operación, según el relato de los ediles, superarían los 600.000 euros al año. En ese extenso informe, al que tuvo acceso Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. «Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria», apuntaba el escrito presentado. Las naves «no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual» de Mercamadrid, señalaba la denuncia. Por último, el documento señalaba que «si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad» lo que «es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio». En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente.

Sin embargo, de las diligencias practicadas en el útlimo año por el Ministerio Fiscal, las declaraciones de investigados y documental aportada, para la Fiscalía se infiere, según informó Efe, que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Merca Ocio para subarrendar al mismo tiempo las salas a Mercasa en las mismas condiciones pactadas con el arrendador.
Y añade que se trataba en realidad de una operación «a tres bandas» que permitía poner fin a los litigios existentes entre Mercamadrid y Merca Ocio, de modo que si el subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido.