El Juzgado de primera instancia número 21 de Valencia condenó a Bankia a devolver a Concepción Sánchez un total de 30.000 euros correspondientes al dinero que esta señora gastó en acciones de la entidad financiera en julio del año 2011. La demandante, representada por la abogada Amparo Barrachina, aseguró que había invertido todo su dinero en estos títulos siendo asesorada por uno de los empleados de la entidad.

La mujer invirtió todos sus ahorros sin saber, evidentemente, los graves problemas financieros de los que ya adolecía Bankia, puesto que nadie la informó de los mismos. El folleto informativo, según considera el fallo de la jueza María Cristina López de Haro, tampoco contemplaba ninguna advertencia en el apartado de «riesgos».

Situación delicada

A estas alturas la situación de las cuentas de la entidad era ya delicada, de hecho, solo unos meses después, en noviembre de aquel mismo año, el Banco de Valencia, filial valenciana de Bankia, pedía la intervención del Banco de España, convirtiéndose de esta forma en el primer banco nacionalizado de los varios que vendrían detrás.

En diciembre, recuerda la sentencia, la European Banking Authority comunicó a través del Banco de España que las necesidades adicionales de capital para el Grupo Bankia eran de 1.329 millones de euros, que debían de ser cubiertos a finales de junio de 2012. No obstante, dice la sentencia, el mensaje que se seguía trasladando desde Bankia a los inversores era de absoluta tranquilidad.

Por todo ello, la juez considera que no se asesoró correctamente a la demandante al no proporcionársele toda la información necesaria para llevar a cabo una compra de este tipo. Se condena a la entidad a pagar además los intereses desde la fecha de la compra de las acciones, más las costas del juicio.

En marzo del año pasado un Juzgado de Barcelona obligó por primera vez a Bankia a anular un contrato de compra-venta de acciones y devolver el dinero al demandante. Desde entonces se suceden estas causas en toda España.

Cierto es que Bankia, superadas ya la mayoría de las demandas y los procesos de arbitraje sobre las preferentes, tiene la voluntad de solucionar el asunto de la ampliación de capital que se realizó a través de titulización, de la forma más rápida y efectiva posible.