Los contratistas piden retomar las obras del trasvase del Ebro

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana nunca se ha caracterizado por ser políticamente correcta. Las críticas de su gerente, Manuel Miñés, han servido de base a todo el sector- también se han añadido algunos partidos- para denunciar que el territorio valenciano no recibe las inversiones que le corresponde a su PIB.

A la espera de que se conforme un Gobierno estatal, este organismo lanza una serie de exigencias que ponen de nuevo sobre el debate público el abandono de las políticas hídricas. Exigen reanudar el trasvase del Ebro «derogadas por Zapatero y su ministra Narbona y que tras un Gobierno con mayoría absoluta, Rajoy ha sido incapaz de reanudar y nuestros políticos valencianos reclamar y exigir».

Recuerdan que el «estrés hídrico» de la Comunitat Valenciana es el mayor de Europa. El 72 por ciento de la superficie tiene un consumo de agua que supera el 40 por ciento del agua disponible.

El trasvase del Ebro no es la única infraestructura hídrica prometida y no ejecutada. Los contratistas añaden también la necesidad de finalizar la instalación del riego por goteo de las 20.500 hectáreas de la Ribera del Júcar, prometidas tras la cesión del embalse de Alarcón hace ya 15 años.

Tampoco se han puesto en marcha las obras programadas en 2002 para reducir el riesgo de inundaciones en esta misma zona y que ya sufrieron las consecuencias de la rotura de la presa de Tous en 1982. Los contratistas afirman que todavía quedan pendientes obras de mejora y la construcción de dos nuevas presas para contener el río Albaida y el Escalona.

La misma suerte han corrido el plan global frente a inundaciones del Júcar o la modernización del canal Júcar- Turia.

La situación de las inversiones en infraestructuras hídricas no es una excepción. En la legislatura ya finalizada, la Comunitat Valenciana ha dejado de recibir 1.738 millones de euros menos que la media española.

La Cámara de Contratistas hace hincapié en que en los últimos cuatro años, las inversiones estatales en el territorio valenciano suman 3.064 millones, mientras que Galicia, con 2,7 millones de habitantes, ha acaparado 5.758 millones, y Castilla- León, con 2,4 millones de personas, 6.317. La diferencia se hace todavía más escandalosa si se amplían las legislatura comparadas. El déficit de inversiones desde el segundo Gobierno de Aznar hasta los Presupuestos Generales aprobados para 2016, suma un déficit de inversiones que asciende a 7.267 millones.

Miñés pone el acento en que en la última legislatura de Rajoy, el porcentaje de licitaciones en la Comunitat Valenciana se quedó en el 4,57 por ciento. Explica que este dato es muy preocupante porque sin este paso administrativo previo, difícilmente habrá inversiones en los próximos años.

Los agricultores, preocupados

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, reclamó esta semana a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, que incluya entre sus prioridades la ejecución de una política hídrica. La titular de esta cartera, Elena Cebrián, presentó las bases de su actuación, entre los que no había referencia alguna al agua.

Aguado le recordó que la agricultura valenciana no tiene futuro si no tiene garantizada el agua. Cebrián aseguró que el agua está presente de manera «trasversal».

El programa rupturista del Consell

La Cámara de Contratistas considera que la situación de la Comunitat es muy complicada y por ello, pide al nuevo Consell que dejen de hacer referencias a la herencia recibida, «era sobradamente conocida», y que pongan en marcha medidas reales en lugar de «un programa inconoclasta y rupturista en lo educativo e identitario que divide a la sociedad».

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