«La suspensión no puede extrapolarse a los imputados»

El PPCV no actuará con los otros diputados populares imputados en casos de corrupción de la misma manera que lo ha hecho con el ex conseller de Solidaridad, Rafael Blasco. Así lo aseguró ayer su secretario general, Serafín Castellano, que insistió en la «excepcionalidad» del caso Cooperación, primero porque la Abogacía de la Generalitat cuenta con informes negativos y pide once años de prisión para Blasco y, segundo, porque éste no dudó en elevar sus críticas y apuntar en un programa de televisión nacional que Presidencia había ordenado la personación penal contra él. En este sentido, la estrategia inicial era esperar a la apertura de juicio oral para apartarle del grupo parlamentario popular, tal y como había anunciado el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El propio Blasco reconoció que dejaría el grupo aunque no el escaño. De haberse cumplido este supuesto, el partido no hubiera procedido a su suspensión de militancia hasta que el Tribunal hubiera dictado sentencia condenatoria, tal y como se recoge en los estatutos. De esta manera, el posible retorno a las filas populares no hubiera quedado descartado, en caso de que el juez le absolviera. Sin embargo, las «graves» afirmaciones de Blasco precipitaron los acontecimientos. Según explicó ayer el número dos del PPCV, no podían tolerar la «acusación» de que la Generalitat «ha manipulado Instituciones» con determinados fines. Para los demás parlamentarios con asuntos judiciales pendientes, «se mantendrán los tiempos estatutarios y judiciales», que dependerán de cada caso concreto. Aun así, no se descarta que otros diputados populares que están a punto de sentarse en el banquillo, como Angélica Such, Milagrosa Martínez o Vicente Rambla, puedan pasar al grupo de los no adscritos, que, previsiblemente, ocupará Blasco desde mañana. Castellano se mostró, en este sentido, convencido de que así será a partir del próximo pleno. Respecto a la fórmula para la salida de Blasco del grupo, aseguró que lo harán tal y como establezca la normativa de les Corts.

El PPCV decidió suspender cautelarmente a Blasco de militancia el pasado sábado después de su polémica entrevista en el programa «El cascabel al gato» de 13 TV en la que además de defender su inocencia, puso en entredicho la política de Fabra con los imputados, recordando que el propio jefe del Consell también lo fue y no dimitió como concejal de Castellón. Para echarle, el Comité de Derechos y Garantías se acogió al artículo del Estatuto que califica como «graves y muy graves» aquellas declaraciones «desleales» con la dirección. A partir de ahora, Blasco tiene un plazo de quince días para recurrir el expediente, algo que para Castellano sería «lógico» que el ex conseller hiciera, ya que está en su derecho.

Tensa sesión de control

La oposición aprovechará los últimos acontecimientos para preguntar a Fabra en la próxima sesión de control, este jueves, cuáles son sus líneas rojas «reales» contra la corrupción. La síndica de EU, Maga Sanz, criticó ayer que el presidente defienda a los demás imputados para que «estén calladitos».