El agua no ha pasado de moda. El debate sobre cómo garantizar los recursos hídricos en regiones que, como la valenciana, sufren lo que se conoce como déficit estructural, sigue enfrentándolas contra las que defienden que no tienen excedentes.

El PP, que en su día se erigió con la bandera de los trasvases, ha matizado su discurso. La irrupción del ex presidente del Gobierno José María Aznar en la campaña- a petición de expresa del actual líder, Pablo Casado- ha provocado que el trasvase del Ebro vuelva a estar sobre la mesa. Aznar lo cuenta entre uno de los grandes proyectos que dejó preparado y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero derogó. Lo hizo en su intervención en Valencia y allí donde se le ha invitado. Sin embargo, lejos de encontrar el apoyo del «nuevo PP» se ha topado con una postura poco firme sobre la necesidad de ejecutar este proyecto de transferencias.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, insistió ayer en Zaragoza- cuna del antitrasvasismo- en que el trasvase del Ebro no aparece en el programa de su partido y en que su política hidráulica pasará por «consensos, que no partidismos».

Se comprometió a que solo se adoptarán medidas que cuenten con el apoyo de todos los actores implicados y nombró a las comunidades autónomas y a las de regantes.

En el polo opuesto del discurso de Aznar, se pronunció ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Confirmó la apuesta del futuro Gobierno de Sánchez por las plantas desalinizadoras y aseguró que su objetivo es duplicar la producción de agua desalada, pasando de los 270 hectómetros cúbicos actuales a más de 500 hectómetros cúbicos en 2022.

Explicó que la capacidad de desalación de las plantas que gestiona Acuamed y la mancomunidad de canales de Taibilla es ahora de 462 hectómetros cúbicos al año y la previsión es llegar a 700 hectómetros en 2021, es decir incrementarla en un 50 por ciento. Esta previsión afectaría a la parte de Alicante que forma parte de esta mancomunidad.