El archivo supone un freno a la investigación que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción 18

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) publicó ayer el archivo de la causa abierta al exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico, Miquel Domínguez, por un presunto delito de blanqueo de capitales que se investiga en la denominada pieza de Taula del «caso Imelsa».

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario regional, investigado por la entrega de mil euros al grupo municipal del PP para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias «ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación» de Domínguez en los hechos investigados.

La instrucción realizada en el TSJ ha sido paralela a la que todavía se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre la donación de mil euros al PP de la ciudad de Valencia para contribuir a la campaña electoral. Dicha cantidad habría sido devuelta presuntamente en dos billetes de quinientos procedentes del cobro de comisiones a empresas contratistas municipales..

En un auto notificado ayer a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar al exconcejal y diputado por los hechos relatados en la exposición razonada elevada por el juez instructor del Caso Imelsa, el titular de Instrucción 18, por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral.

La decisión del TSJ llega después de que la instructora haya practicado todas las declaraciones solicitadas por el fiscal. Tras interrogar al investigado y a siete testigos a petición del Ministerio Público, la jueza otorgó un plazo a las partes para que indicaran el nuevo paso que había que dar en la investigación. La defensa de Domínguez solicitó el sobreseimiento; el fiscal no presentó ningún escrito.

Tras valorar las declaraciones y la documentación remitida por Instrucción 18, que según recoge la resolución, no guarda relación con Domínguez ni con los hechos por los que se le investiga, la magistrada concluye que procede el sobreseimiento provisional porque «de lo actuado hasta la fecha no resulta una imputación de delito con suficiente respaldo probatorio» como para concluir la instrucción, procesarle y dejar la causa preparada para juicio.

El TSJCV opta por el archivo provisional (cabe la reapertura) y no por el sobreseimiento libre, definitivo, porque considera que los hechos descritos en la exposición razonada elevada por el instructor del «caso Imelsa» tienen apariencia delictiva y no existe certeza de la inexistencia del hecho investigado. Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos que desvirtuasen las razones en las que se basa el archivo, indicios que «con consistencia sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo».

Para ello, el juez instructor, señala el TSJCV, deberá agotar la investigación hasta hallar no sólo indicios de delito, sino de la participación del aforado en el mismo. A este respecto el auto recoge que «se podrá remitir nueva exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada surgidos de esos nuevos datos que, adquiridos con posterioridad, así lo aconsejen o lo hagan preciso. Para ello, lógicamente, habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado».

El archivo de la causa en el Tribunal Superior de Justicia supone un varapalo para la investigación paralela que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y que implica a casi 50 imputados (ninguno de ellos aforados), ya que muchos de ellos se hallan en la misma situación que Domínguez, es decir, acusados por cinco testigos pero sin una prueba de cargo contundente que demuestre que se les devolvió el dinero. Además, la contabilidad que investiga el Juzgado en una «subpieza secreta», conocida como los «papeles de Laterne» hace referencia a la campaña electoral de 2005, y no a las posteriores que investiga el juzgado.

En cualquier caso, la causa Imelsa aúna también las piezas de los denominados «zombies», la propia Imelsa o las contrataciones de la Concejalía de Cultura.