La Abogacía de la Generalitat plantea aducir que ya requirió a la empresa que hiciera correcciones y no se realizaron

La Abogacía de la Generalitat valenciana estudia recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que la semana pasada anuló la resolución del Consell que prohibía Puerto Mediterráneo, el centro comercial en Paterna. Según el fallo, «ninguna de las 16 cuestiones mencionadas tienen la suficiente entidad para denegar totalmente la actuación». Este es precisamente uno de los puntos «recurribles» del auto, puesto que se considera que 16 son bastantes motivos para anular un proyecto que, desde el punto de vista de la Generalitat, no cumplía con los requisitos medioambientales.

Otra de las cuestiones que se están analizando es el hecho de que desde la Generalitat ya se enviaron varios requerimientos a la empresa responsable del proyecto (Intu Eurofound Investment) para que reparara algunas de las normas que estaba incumpliendo, algo que no sucedió. Esto, de alguna manera, restaría razón a la sentencia del TSJCV, que basa su argumentación en el hecho de que el Consell debería instar a la empresa a solucionar los fallos del proyecto, pero no anularlo.

En cuanto a los 50 millones de euros de indemnización por año de retraso en el centro comercial que solicita la compañía, las fuentes consultadas dudan de que un auto que ni siquiera impone el pago de las costas, acabe con una compensación tan elevada.

En cualquier caso, desde la Conselleria de Obras Públicas -la que emitió el informe desfavorable a la construcción del proyecto- se trabaja con la Abogacía de la Generalitat para decidir si en última instancia cabe presentar recurso a una sentencia que supuso un jarro de agua fría sobre todo para la Conselleria de Economía Sostenible, que se mostró en contra de Puerto Mediterráneo desde el principio.

Desde el pequeño comercio han mostrado también su rechazo a una gran superficie que consideran innecesaria. La patronal de pymes y autónomos del comercio Confecomerç ha expresado su rechazo al proyecto dada «la sobresaturación comercial» que hay en la Comunitat Valenciana y el «perjuicio» que provocaría en el tejido empresarial y en el medio ambiente.

Por su parte, desde la empresa interpretan que «el fallo recoge fielmente los términos argumentados, así como los fundamentos jurídicos y las pretensiones deducidas en la demanda presentada y que vienen defendiendo en los últimos años. Así pues, los responsables del proyecto se reafirman en su intención de seguir adelante con él.

Preguntado por este asunto ayer en Les Corts, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aseguró que estudiará «con absoluta profesionalidad hasta la última coma» de la sentencia «y se actuará en consecuencia».

El síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, preguntó «cómo es posible» que Puig «permita que se bloqueen inversiones por motivos ideológicos», como la de Intu o el Puerto de Valencia, cuando la Comunitat «sufre un desplome de su industria tres veces mayor que la media nacional».

El presidente reivindicó que el Consell del Botànic ha generado un «entorno favorable a la inversión» y mostró un gráfico según el cual la inversión extranjera ha crecido «más del doble» en la Comunitat, 2.770 millones de euros, debido a que «hay más confianza ahora que antes».