Fomento del Trabajo denuncia ante Competencia la campaña de “consumo patriótico” de la ANC

La patronal solicita sanciones para sus promotores por competencia desleal

Por mucho que desde diferentes estamentos se ha criticado la campaña de “consumo patriótico”, “consumo estratégico”, en su propia jerga, por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), hasta ayer nadie se había atrevido a denunciarlo ante, en este caso, la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). La patronal Fomento del Trabajo asegura en su escrito que la campaña "es una conducta anticompetitiva prohibida porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público". Por ello, solicitan medidas cautelares, previa a una demanda por competencia desleal, y sanciones económicas para sus promotores.

A lo largo de este año, la ANC ha ido explicando por fascículos su gran propuesta en materia económica para tratar de mantener la tensión entre unas filas independentistas cada vez más alicaídas. Y esta no es otra que promocionar a las empresas más cercanas a la causa independentista. Tal y como explicó la propia ANC se trata de dar "efectividad real a la proclamación de la República catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante el apoderamiento de la gente en la toma de decisiones de consumo cotidiano". Este es el objetivo principal de “Consumo estratégico”, la campaña que la Asamblea ha puesto en marcha.

En una primera fase, la ANC pedía a las empresas interesadas en proveer productos o servicios que se inscribieran en el registro de “proveedores estratégicos”. Paralelamente, se pedía tanto los potenciales clientes, dispuestos a cambiar de empresa, que se apuntaran en otro registro de “consumidores estratégicos”. En una segunda fase, el directorio de empresas se abriría a aquellas que reúnan los requisitos para ofrecer sus productos y servicios, de forma que los consumidores estratégicos puedan contactar directamente con la voluntad expresa de “cambiar los hábitos de consumo, en todos los sentidos”.

La patronal considera que "la ilegalidad"de la conducta de la ANC se manifiesta por la gravedad, notoriedad e importancia cualitativa y cuantitativa de sus consecuencias reales y potenciales para la competencia en el mercado.