ERC, PSC y PP no garantizan su apoyo al Govern para aprobar la ley del BCN World

ERC, PSC y PP han advertido este jueves de que no garantizan el apoyo a la ley que está tramitando en el Parlament para que se instale en Cataluña el macroproyecto de ocio BCN World, por lo que CiU no tiene los votos necesarios por ahora para sacarlo adelante.

En declaraciones a los periodistas desde la Cámara Catalana, el diputado Rafa Luna (PP) ha dicho que están "muy lejos"del 'sí' e incluso de la abstención, y han presentado enmiendas sobre el plan fiscal del proyecto y el urbanístico y plantean una modificación del nombre.

En el tema urbanístico, los populares alertan de que en ley hay demasiada "manga ancha"con la edificabilidad y esto podría romper la armonía de los municipios de esa zona, por lo que en las enmiendas presentadas exigen que las edificaciones que se autoricen mantengan la tipología del urbanismo.

También piden que las actividades que se lleven a cabo en el centro recreativo turístico incorporen en su denominación comercial la marca Costa Daurada, y que, aunque el tipo impositivo general aplicable a los casinos de juego sea del 10%, los situados en el ámbito del centro turístico de Vila-Seca y Salou se aplique un recargo del 50% sobre la cuota tributaria, y que se destine a acciones de promoción de la citada marca.

El diputado Pere Aragonés ha asegurado que no se oponen al proyecto "por principios", sino porque consideran que no cumple una serie de requisitos que quieren cambiar con las enmiendas que han presentado, algunas de las cuales introducen cambios sustanciales.

Por ejemplo, los republicanos exigen dejar sin efecto la rebaja fiscal al juego que plantea la ley porque consideran que no está lo suficientemente justificada; además, dicen que las previsiones financieras de los casinos no son "racionales", ya que, según ha estudiado el partido, se asegura que movería el doble de dinero que la media de un casino importante de Las Vegas.

ERC también quiere más garantías para que los menores y los ludópatas no puedan entrar en los casinos, para que los jugadores no puedan apostar a crédito, y pide que se contemple la retirada de las licencias de juego si se incurre en delito fiscal o blanqueo de capitales: un casino "a la europea", ha dicho Aragonés.

Los republicanos también quieren redimensionar urbanísticamente el proyecto ya que sostienen que con la ley que se presenta crecería "exponencialmente"la edificabilidad y supondría, a su juicio, un uso demasiado intensivo del territorio.

Reinvertir beneficios

El diputado Xavier Sabaté (PSC) también cree que las previsiones económicas del casino no son realistas, y ha presentado enmiendas que, entre otras cosas, cuestionan la rebaja fiscal: en lugar de bajar el impuesto sobre el juego al 10 por ciento, los socialistas estarían dispuestos a bajarlo del 55 actual al 35 o al 25 si un 5 o un 10 por ciento de los beneficios se "reinvierten"en territorio.

Sabaté ha dicho que todos los escenarios están "abiertos", pero ha advertido de que, si el Govern no avala las enmiendas socialistas, su partido se inclina por decir 'no' al proyecto y no por la abstención.

Abstenciones decisivas

El diputado de CiU y alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, ha apelado a las responsabilidad de los partidos catalanes: "Rovira i Virgili decía que por encima de los campanarios está el cielo de Cataluña. Ahora, por encima de los intereses de los partidos hay los intereses de los catalanes".

Ha ofrecido diálogo y negociación a los tres partidos, y ha recordado que hasta ahora todas los mociones e iniciativas parlamentarias sobre el macrocomplejo de ocio se han aprobado con el voto favorable de CiU y la abstención de otros grupos.

En el caso de esta ley, si CiU no logra ningún 'sí' al proyecto, le valdría con que dos grupos de entre ERC, PSC y PP le dieran su abstención.

Quien ha sido contrario al proyecto del minuto cero ha sido ICV-EUiA, y la diputada Hortnsia Grau ha explicado que han presentado enmiendas contra la edificabilidad prevista, contra la rebaja fiscal y para que los ciudadanos de ese territorio puedan decidir en una consulta si avalan el proyecto.