La Generalitat presentará este viernes el decreto para regular a empresas como Uber o Cabify.

El sector del taxi decidió hace tiempo presentar batalla ante las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Ayer, sin ir más lejos, anunció una ofensiva judicial mediante una demanda civil por competencia desleal contra Uber y Cabify, entre otros. El sector también presentará una querella criminal contra lo que consideran una trama orquestada para llevarse desmantelar el sector y, finalmente, una reclamación patrimonial de al menos 50.000 euros por taxista.

El coordinador de Elite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez y el jurista y abogado penalista, Elpidio José Silva, explicaron que la demanda civil se presentará esta misma semana, para que estas empresas «devuelvan el dinero que están ganando haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas». La querella criminal se presentará entre este mes y el próximo por posibles delitos de manipulación del precio mediante el engaño, el blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva también contra los responsables de estas compañías. «Hay pruebas de que se está montando una trama y que hay personas que están impulsando que se liquide un sector protegido por directivas europeas. Nos quieren quitar del medio, pero no nos dejaremos», señaló Álvarez.

Por su parte, diversas entidades del taxi están formando la Plataforma Integral del Taxi para agrupar a todos los taxistas que quieran interponer una querella por posibles daños patrimoniales contra el Estado por «omisión» en el control de su actividad. El escrito reclamará al menos 50.000 euros por cada taxista de Cataluña. Teniendo en cuenta que hay 70.000 profesionales del taxi, la indemnización ascendería como mínimo a los 3.500 millones de euros.

Este viernes la Generalitat ha de exponer a los taxistas el decreto ley que regulará los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aunque estos últimos días la sintonía con el gobierno catalán ha sido buena, los taxistas amenazan con movilizaciones el mismo viernes, si el decreto no incluye las dos líneas rojas que ha trazado el sector: que las contrataciones de servicios de VTC se deban hacer con 24 horas de antelación y que los vehículos tengan que volver a la base después de cada servicio.

Según el abogado que ultima la demanda, Elpidio José Silva, «desde hace 9 años el Estado español sólo ha hecho que incumplir frontalmente las directivas comunitarias que dicen que si quieres hacer de taxi debes tener una licencia de taxi y que preservan el sector de la liberalización».

En estos momentos, forman parte de la Plataforma unos 1.500 taxistas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras ciudades, aunque se espera que este número crezca en las próximas semanas y meses.