Vivienda

Ceden casas parroquiales en desuso de León para destinarlas a alquiler social

El obispo de la Diócesis, Julián López, firma el convenio con el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones firma un acuerdo de colaboración con el obispo de León, Julián López
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones firma un acuerdo de colaboración con el obispo de León, Julián Lópezlarazon

La Junta destinará al alquiler social casas parroquiales en desuso cedidas por el Obispado de León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quñones, y el obispo de la Diócesos, Julián López, firmaron un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta.

El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cuatro años y prorrogable otros cuatro, es de carácter pionero y se prevé su extensión a otros territorios.

Tiene como finalidad poner casas en desuso, principalmente, las que antes eran ocupadas por los párrocos, a disposición de familias de entornos rurales que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda de alquiler con sus recursos.

«Se trata de satisfacer esas necesidades», remarcó Suárez-Quiñones, antes de agradecer el compromiso social de Iglesia y añadió que favorecer el acceso a la vivienda es una herramienta fundamental para lograr el asentamiento de población en el entorno rural.

Julián López recordó que en la actualidad la mayoría de sacerdotes «tiene que atender muchas parroquias y vive en una sola», por lo que han decidido ceder aquellas que se considere oportuno después de la revisión de los inmuebles disponibles que llevarán a cabo técnicos de la Junta.

Las casas que se incorporen en virtud de este acuerdo al Parque Público de Vivienda están localizadas en pleno casco urbano y contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales.

Este convenio pionero se suma al resto de iniciativas que lleva a cabo la Administración autonómica, como el programa «Rehabitare», que ofrece 59 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 47 municipios de Castilla y León. Suárez-Quiñones insistió en defendere la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda.