El ex director general de Trabajo admite sólo una «personal» de «3.000 euros» en 2010 y exige que «se demuestre» el resto

Quiso hacerse cargo de lo que decía y sólo de lo que decía, pero manejaba munición. La ex trabajadora de la aseguradora Vitalia Celia Hernáiz ratificó ayer en el juicio de la pieza política del «caso ERE» lo que ya había apuntado durante la instrucción de la «macrocausa»: llevó a cabo, «por orden» del que fuera su superior Antonio Albarracín, «transferencias» al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, uno de los dos 22 investigados en este bloque, aunque no recordaba en qué fechas las realizó. A preguntas de la Fiscalía, la testigo apuntó que lo hizo en tres o cuatro ocasiones y por importe de 2.999 euros, dado que si se hubieran superado los 3.000, «tenía que poner el DNI y tal», por lo que los 2.999 euros marcaron esos movimientos.

Hernáiz explicó que en la mencionada mediadora a la que estuvo vinculada hasta 2010 «las decisiones se tomaban en Barcelona siempre», por lo que ella sabía, y que en un determinado momento Albarracín «se quedó como jefe de la oficina de Madrid» y «llevaba» además «Sevilla y Bilbao». Desde la ciudad condal «le mandaban envíos de 25.000 euros» en torno a los que se armó otra operativa que se puso en marcha con cierta frecuencia. Los días que tocaba, ella misma tenía que retirar el dinero al empezar su jornada laboral con un cheque al portador en una entidad bancaria y tras recoger los fondos remesados por Barcelona «se los llevaba a Albarracín a la estación de Atocha –un complejo ferroviario de Madrid–». «Luego ya...», dejó caer desentendiéndose de lo que pasara con un dinero cuyo destino, dijo, desconocía. «Me lo llevas a la estación, me decía Albarracín», reiteró en varias ocasiones, para dejar constancia luego de que «él tenía billete para Sevilla». La memoria le dio para reconstruir otros trozos de aquella época. Recordó «haber preparado sobres» y no únicamente con los 25.000 euros. En ocasiones, «si estaba el dinero allí», lo hacía con «cantidades pequeñas» de 3.000 o 4.000. Según relató, su ex jefe llevaba el dinero a su despacho, lo contaba y le pedía que se lo guardara «en la caja fuerte» que ella controlaba. A partir de ahí, cuando lo decidía, le trasladaba que le «preparara» los sobres con la cuantía que fuera porque iba a pasar a recogerlos. Tenían iniciales como J. L. que ignora si podían referirse al «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas, como le preguntó el abogado del PP-A, Luis García Navarro. A éste le transmitió su creencia de que «desde Barcelona» se efectuaron «pagos a sindicatos», pero negó haberlos hecho. Un día dejó «plantao» a Albarracín, cansada de que no hubiera dinero para los «proveedores, pero sí para los 25.000 euros». «No me esperes en la estación que no te lo voy a llevar», le lanzó. A partir de ahí su relación laboral se truncó. El eco de las palabras de la ex empleada de Vitalia provocó una reacción. Fuentes del entorno de Guerrero indicaron a LA RAZÓN que en su día «ya demostraron que en sus cuentas no había transferencias externas», lo que permitió que la instructora primigenia del «macroproceso», Mercedes Alaya, pusiera en libertad al ex alto cargo «en 24 horas» tras su segundo ingreso en prisión. El propio ex director general admitió que Albarracín les efectuó una transferencia «a título personal» porque se lo pidió pero «en 2010», cuando ya había dejado el cargo en el Gobierno andaluz, y fue de «3.000 euros». Garantizó no haber cogido «nunca» un «sobre con dinero» tampoco. Como se trata de historias que chocan insistieron en algo: «Quien afirme que se nos hicieron esas transferencias, que lo demuestre».

Más datos

*El ex director general de Trabajo Juan Márquez renuncia a que comparezcan como testigos el ex diputado socialista Ramón Díaz y el ex asesor de aquella dirección general y su sobrino José Andrés Rodríguez.

*Por su parte, el ex consejero Antonio Fernández ha abandonado la idea de que testifique la ex presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) Mercedes Rodríguez-Piñero.