La Audiencia Provincial de Sevilla, «conforme al turno establecido», ha designado al magistrado Pedro Izquierdo Martín ponente de un recurso de los letrados del Partido Popular contra una de las primeras decisiones de la jueza María Núñez Bolaños en el «caso de los cursos de formación». Izquierdo, presidente de la Sección I de la Audiencia, ocupó varios cargos en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014.

En concreto, el 29 de abril de 2008 fue nombrado secretario general de Modernización de la Justicia mediante un decreto firmado por Manuel Chaves y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 2 de mayo. Menos de un mes después, pasó a convertirse en secretario general para la Justicia. Abandonó la Administración andaluza el 22 de julio de 2014, ya con Emilio de Llera de consejero de Justicia e Interior y Susana Díaz como presidenta de la Junta.

Izquierdo fue durante ese tiempo «número tres» de la Consejería de Justicia, solo por debajo del consejero y viceconsejero. De hecho, según el decreto de estructura del departamento consultado por este periódico, en caso de «ausencia, vacante o enfermedad» de la persona que ocupaba la viceconsejería, el secretario general para la Justicia asumía esa responsabilidad.

Como magistrado de la Audiencia, tendrá que decidir sobre un recurso del Partido Popular que afecta a la causa de los cursos de formación. En concreto, sobre el auto de 29 de julio de 2016 mediante el que la jueza Núñez Bolaños desestimó un recurso de reforma contra la providencia de 17 de junio de 2015.

En esta providencia se puede situar el inicio de las disputas jurídicas entre la instructora y la representación legal del Partido Popular. Una de las primeras decisiones de Núñez Bolaños, una vez que ocupó el puesto de la jueza Mercedes Alaya, fue dejar sin efecto dos resoluciones dictadas por ésta el 15 de junio de 2015, su último día como magistrada titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Alaya solicitaba a la Intervención de la Junta un informe sobre las subvenciones concedidas al «entramado» empresarial del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda e imputaba a los ex consejeros de Empleo Manuel Recio y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Hay que recordar que Núñez rechazó el recurso del PP-A y defendió que la providencia recurrida se limitaba a establecer «un mero criterio operativo u organizativo». En su recurso, los letrados de los populares reclamaban, entre otras cosas, «la nulidad de pleno derecho de la providencia impugnada, en cuanto vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva y por su manifiesta ilegalidad y falta de motivación».

No es la primera vez que el magistrado Pedro Izquierdo Martín revisa una decisión de Núñez Bolaños recurrida por el PP. Recientemente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que él preside, redujo hasta 12.000 euros la cuantía de la fianza impuesta al Partido Popular para intervenir como acusación popular en la causa que instruye las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a empresas por parte de la agencia IFA/IDEA, de la Junta de Andalucía. La decisión modificaba lo acordado en su día por la jueza titular, que fijó una fianza de 30.000 euros ante «el riesgo evidente de judicialización de la política».

Pese a la reducción de la cuantía, la cantidad establecida siguió siendo elevada, aunque la Audiencia lo justificaba en su auto en que «no estamos ante una tasa, sino ante una fianza, lo que significa que su destino más natural y habitual será la devolución al acusador popular».

La pugna entre el PP y la jueza Núñéz Bolaños en el «caso de los cursos de formación» se ha recrudecido después de que la instructora acordara el archivo de la «pieza política» en octubre de 2016, que contó con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Mediante un auto de 31 de enero, rechazó el recurso del PP-A contra esta decisión y aprovechó para acusar tanto a su predecesora en el cargo como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de elaborar «teorías sobre conspiración y tramas delictivas» que habían sido «avaladas» por el PP-A, pese al «daño» a personas «cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso».

Lo último que ha trascendido es el recurso que ha presentado el PP ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que solicita que ordene la reapertura de la causa y «declare la nulidad de todo lo actuado» por la magistrada dado el «sesgo» y la «parcialidad» con la que ésta habría actuado durante la instrucción. En este sentido, aseguran que Núñez Bolaños ha realizado interrogatorios «sugestivos y capciosos directos», con la intención de reforzar las tesis de las defensas.