Discrepa en los términos de “acoso sexual” y “lenguaje sexista” al invadir competencias del Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado «discrepancias» sobre la ley de igualdad de Andalucía, impulsada por el Ejecutivo de Susana Díaz. En concreto, duda del apartado sobre infracciones y sanciones en la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que modifica la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, impulsada por el anterior Gobierno del PSOE. El Ministerio considera que la regulación del acoso laboral en la normativa andaluza invade competencias exclusivas del Estado.

La norma fue aprobada por el Pleno del Parlamento en septiembre del año pasado con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. El Gobierno de Sánchez quiere negociar con la Junta a través de un grupo de trabajo que proponga una solución que evite recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Los principales puntos de fricción radican en el apartado 61 del artículo único de dicha Ley 9/2018 -dedicado a detallar infracciones y sanciones-; en concreto, en el apartado 1, donde se especifica qué se entiende por «acoso sexual» y por «lenguaje sexista».

La creación del referido grupo de trabajo entre ambas administraciones se acordó el pasado día 26 de diciembre, con el Gobierno andaluz en funciones y dirigido todavía por Susana Díaz, según recoge una resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, consultada por Europa Press y firmada por la titular de dicho departamento, Meritxell Batet, y por el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en funciones, Manuel Jiménez Barrios.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el TC por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre dichos apartados de la norma en los que mantienen “discrepancias”.

Fuentes del Ministerio que dirige Meritxell Batet han explicado a Europa Press que las discrepancias con la Ley andaluza se centran en la regulación del acoso por considerar que supone una “invasión de competencias exclusivas” del Estado en materia de legislación laboral, que es normativa básica que afecta a todas las administraciones.

En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas” en relación con “los apartados 1 y 61 del artículo único” de dicha ley, y “designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda”.