La Audiencia de Sevilla, en cambio, frena el intento de la Junta y de la Fiscalía de que volvieran Fernández y Márquez

Dos movimientos en una misma sinfonía. En mitad del desalojo de ex cargos de la Junta de los múltiples bloques procesales en las que se atomizó la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos, de la salida de señalados habituales como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, apeado ya de al menos una decena de piezas; la instructora del caso, María Núñez, ha subido a uno. Se trata del ex director general de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz Daniel Alberto Rivera.

En un escueto auto fechado el pasado 16 de febrero al que tuvo acceso LA RAZÓN, la magistrada ha acordado «llamar» a aquél a la causa centrada en los fondos públicos que se concedieron a la empresa Cydeplast «en calidad de investigado». Lo ha hecho, para atender una petición de la Fiscalía, de acuerdo a lo reflejado en la mencionada resolución.

Rivera, quien el pasado diciembre se quedó sin los abogados que lo acompañaban desde el arranque del «macroproceso» por «reiteradas diferencias irreconciliables» y que ya fue imputado en otras ocho separatas más la matriz de los ERE, no es uno de los 22 encausados que están siendo enjuiciados en la denominada rama política del caso, la que afecta a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y gira en torno al procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas ahora bajo sospecha, de ahí que no le cubra el paraguas desplegado por la Audiencia Provincial de Sevilla para ellos, el que resguarda de ser juzgado otra vez por los mimos hechos.

Sí lo es Fernández y el también ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, a quienes Núñez ya descabalgó de la pieza de Cydeplast, en cumplimiento de la directriz marcada por la Audiencia sevillana para la maraña del «macroproceso», en concreto por la Sección Séptima de la misma. Una decisión, a la que, sin embargo, reaccionaron tanto el Ministerio Público como el Ejecutivo autonómico y que trataron de combatir con recursos de apelación. Tanto éstos como el resto de partes personadas en el caso ya saben que ese intento no ha servido de nada.

En una providencia, consultada también por este periódico, la instructora les ha dado traslado de los dos autos con poso del tribunal provincial en los que aquellos recursos fueron desestimados. En el relativo a Márquez, los magistrados de la Sección Séptima explican que el motivo de que hayan dictado «variadas resoluciones excluyendo a acusados» ligados al procedimiento específico «como sujetos pasivos de procedimientos abiertos en piezas separadas», es consecuencia de «la dimensión que las propias acusaciones en aquel proceso han querido dar a su contenido fáctico», esto es, «a su objeto». En definitiva, sostiene la Audiencia que éste se ha visto desbordado al sumar el Ministerio Público y el resto de acusaciones al delito de prevaricación el de malversación, vinculado ya no al diseño del sistema por el que se distribuyeron las subvenciones, sino al uso del mismo.

«Lo que es del todo incompresible», se anota en el auto, «es que se espere que este tribunal permita, vulnerando la Constitución, que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados separadamente por cada uno de los hechos contenidos en la acusación en la pieza principal» en la que se les achaca, reitera la Audiencia, los «delitos continuados de prevaricación y malversación con petición de indemnizaciones, en muchos casos, millonarias, y una solicitud de pena» por el último delito para Fernández, Márquez y Jacinto Cañete –otro de los que componen el banquillo– «de ocho años de prisión. «Desde luego –remata el tribunal– no es razón para sostener lo contrario que las acusaciones no hayan precisado, como hubiera debido hacerse, los nombres de las empresas o entidades implicadas, lo que sería perfectamente compatible con el hecho de que se tramiten piezas separadas por cada ayuda concreta perseguible contra otros posibles implicados». No siempre lo actuado es retráctil.

Desde la Audiencia reclaman medidas por la sobrecarga

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla celebraron ayer una reunión del «plenillo» –ente para abordar cuestiones gubernativas– y acordaron volver a reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) medidas por la sobrecarga de causas judiciales que ya tienen. Esperan además unas 90 «macrocausas» en los próximos dos o tres años.