Los investigadores apuntan por la ayuda de la Junta a Valeo Iluminación a otro ex director general de Trabajo y a un ex consultor de Vitalia

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, se labra su propia marca en la instrucción del «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos. Formó hace unos días una pieza separada para investigar los 3.386.452,44 euros que recibió la empresa de Jaén Valeo Iluminación par parte de la Junta para financiar un ERE de 2003 y citó a declarar como investigado el próximo 7 de septiembre sólo al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Lo hizo después de recibir un atestado de la Guardia Civil centrado en esa mercantil y en contra del criterio mantenido por la instructora primigenia de la «macrocausa», la jueza Mercedes Alaya, al dejar al margen a los beneficiarios de los fondos públicos, pero no es ésa la única disparidad de pareceres que se evidencia en el auto de Núñez con el que formó la nueva separata. LA RAZÓN ha consultado ese informe policial y en él se propone que se tome declaración como investigado no únicamente a Guerrero, sino también a su sucesor al frente de Trabajo, Juan Márquez, y a un ex directivo de la aseguradora Vitalia: Jesús María Bordallo. Consideran que todos participaron en unos hechos que «podrían ser constitutivos» de supuestos delitos «contra la hacienda pública, malversación y prevaricación».

Los investigadores sostienen que los más de 3,38 millones objeto de análisis se recibieron gracias a la firma de dos convenios, a nutrir de la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», suscritos entre la mencionada dirección general de la Junta y el IFA –luego agencia IDEA–. El primero de ellos fue rubricado por Guerrero en 2004 y el segundo, por un importe en concreto de 428.787 euros, en 2009 por Márquez, a quien además atribuyen el «dar continuidad» al apoyado por Guerrero y la firma de resoluciones «ordenando» a IDEA «el pago de las ayudas estudiadas». En relación a Bordallo, la Guardia Civil pone de relieve en sus conclusiones que mantuvo diversas reuniones con los representantes de los trabajadores y la dirección de Valeo para «determinar» la «cuantía» y las «condiciones» de la póliza suscrita en el ERE de 2003 y podría haber incurrido en su caso un presunto delito de cohecho ya que «obtuvo beneficio para él o para la aseguradora, en la tramitación» de la subvención, «existiendo» un «exceso de comisión al contratar la póliza». En ese punto del atestado, aluden a un documento de la Dirección General de Seguros en donde consta un «exceso de comisión del 6,48% percibido por cada uno de los mediadores Vitalia y Expert, referente a la póliza suscrita», lo que supondría un importe dinerario global de «253.679,16 euros».

Los investigadores detectaron una retahíla de irregularidades en torno a las ayudas otorgadas por el Gobierno andaluz a Valeo Iluminación para prejubilar a 51 empleados. De arranque, reflejan en su escrito policial que no existe en el expediente ningún estudio de la Junta para determinar si eran procedentes, además de que se concedieron prescindiendo «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y sin competencia para hacerlo, ya que debió asignarlas en este caso el titular de la Consejería de Empleo. A ello suman la ausencia de «bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo subvención» por lo que los «sistemas utilizados» por el Ejecutivo regional «para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar» fueron «totalmente discrecionales». Subrayan que «no se ha acreditado el carácter excepcional» de la subvención ni se ha seguido «el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección» de la aseguradora ni de la mediadora. Y la hilera crece hasta las catorce anomalías. Habrá que ver si se expande o no la lista de encausados en la pieza.