La segunda crisis de gobierno que encara el Ejecutivo andaluz en esta legislatura se va a producir justo un año después de la primera –8 de junio de 2017– debido a la incorporación de la consejera María Jesús Montero como nueva ministra de Hacienda. Los retoques son esta vez de menor alcance. El nuevo hombre fuerte del Consejo de Gobierno será Antonio Ramírez de Arellano, que toma las riendas de Hacienda y mantiene Economía. Deja sin embargo el área de Conocimiento y Universidades en manos de la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Lina Gálvez, quien aparca el terreno académico para sumarse al Gobierno andaluz. Andalucía mantiene en principio el esquema actual de 13 consejerías, un número que supera holgadamente al de la mayoría de las regiones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene nueve carteras. El fichaje del presidente del Gobierno pone a la Junta al timón del Ministerio objeto de sus principales reclamaciones en los últimos años y promueve un primer paso hacia el armisticio entre «susanistas» y «sanchistas» que se enfrentaron a cara de perro en las primarias de mayo del año pasado que perdió contra pronóstico la jefa del Ejecutivo andaluz.

María Jesús Montero ha sido uno de los puntales del Gobierno andaluz. La más veterana del actual Ejecutivo con 14 años que se reparten entre la consejería de Salud (de 2004 a 2013) y de Hacienda y Administraciones Públicas. Ha estado a las órdenes de Chaves, de Griñán y de Susana Díaz. A lo largo del periodo autonómico sólo le superan Paulino Plata –consejero durante 15 años– y Gaspar Zarrías –durante 17–. Su trayectoria, en cualquier caso, no se caracteriza únicamente por lo cuantitativo. María Jesús Montero es una de las consejeras más solventes del Consejo de Gobierno. Por eso Susana Díaz evitó prescindir de ella en la última remodelación de su Ejecutivo y por eso fue uno de los nombres que sonó con fuerza como posible recambio de la presidenta de la Junta en el caso de que ésta diera el salto nacional que a final se frustró por el voto de los afiliados.

El próximo nombramiento de María Jesús Montero tiene una importante repercusión política puesto que pasa a dirigir el departamento en el que ha centrado la Junta el grueso de sus reclamaciones. La Junta ha cumplido con el déficit en los dos últimos ejercicios –desde 2009 a 2015 no fue así– pero Montero ha transigido a regañadientes al no estar de acuerdo con el reparto desigual entre el Estado y las autonomías. Los frentes son numerosos. Hay uno que destaca por encima de todos: la financiación autonómica. Montero ha agitado la bandera del agravio por los más de 5.000 millones de euros que la Junta computa como débito del Estado por la deficiente aplicación del modelo de financiación desde el año 2009. La propuesta sobre financiación que pactaron en el Parlamento todos los partidos salvo Ciudadanos aboga por 4.000 millones de euros extra para Andalucía. Una cifra que es difícilmente conciliable con los 11.000 millones que contempló el grupo de expertos para el conjunto de las autonomías. El débil grupo parlamentario socialista en el Congreso, con 84 diputados, no augura éxito en el alumbramiento de un nuevo sistema de financiación en el futuro inmediato. En cualquier caso, será Montero la encargada de tratar al menos de impulsarlo. Si es así, otra vez el sistema de financiación tendrá sello andaluz toda vez que fue José Antonio Griñán como consejero de Economía uno de los primeros en enviar una propuesta en el año 2008 a Pedro Solbes y que fue tenida en cuenta de cara al modelo que acabó de cerrar Elena Salgado un año más tarde.

Andalucía estaba pendiente antes de que se produjera la moción de censura de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar la financiación. Y la Junta esperaba también la luz verde del Consejo de Ministros para poder salir a captar financiación en los mercados al margen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sobre el que Montero ha criticado reiteradamente el cobro de intereses abusivos. El movimiento de piezas es por tanto un arma de doble filo para la Junta de Andalucía. Si Montero logra desatascar algunos de los asuntos pendientes el resultado será redondo. Si no, el fracaso será doble puesto que es la consejera que llamaba a las puertas del Ministerio para quejarse del maltrato a Andalucía la que ahora se sentará en el despacho de Cristóbal Montoro.

El portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, no quiso adelantar acontecimientos en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno aunque los cambios a mediodía de ayer ya eran conocidos. Apostó Blanco por la prudencia y prefirió evaluar los nombramientos bajo hipótesis. De María Jesús Montero dijo que es «una persona excepcional, de una trayectoria muy sólida como servidora de lo público. En el hipotético caso de que así se produzca se recibiría con enorme alegría porque se ganará en sintonía y también en resultado». En el mismo sentido avaló la trayectoria de la nueva consejera de Universidades, Conocimiento e Investigación. Lina Gálvez no milita en ningún partido. Tampoco ha escondido su feminismo e ideología de izquierdas, próxima en algunos planteamientos con Podemos. Montero aportó un perfil técnico cuando asumió la Consejería de Salud –es médico de profesión– aunque auna ya un importante bagaje político. Lina Gálvez sí introduce un perfil netamente profesional ajeno a la política activa. Debuta en las tareas de gestión pública.