Los caducos argumentos de la Junta

La instrucción de la juez Mercedes Alaya está dejando en evidencia a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz no fue el primero en denunciar. Tampoco ha colaborado desde el primer día con la magistrada; y se ha dedicado a minimizar el fraude en lugar de poner los mecanismos necesarios para atajarlo. Hay que recordar que el Ejecutivo de Griñán aseguró que no existían comisionistas y que no se pagó ni un euro de más para financiar las pólizas. La Guardia Civil y la juez han demostrado lo contrario: que el negocio estaba precisamente en las sobrecomisiones que se repartían entre todos los participantes en la negociación, incluidos «altos cargos de la Junta» tal y como informó este periódico un día después de la Operación Heracles. Sin embargo, lejos de cambiar la estrategia, el portavoz del bipartito insistió ayer en responsabilizar en exclusiva a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo en prisión. Y sobre el dinero defraudado por las comisiones, apuntó que «la Junta ha corregido lo que se estuviera haciendo mal». Otra interpretación libre de la realidad más: conviene recordar aquí las palabras de la actual consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo en mayo de 2011: «En la contabilidad presupuestaria no figura ningún pago directo realizado a ningún intermediario. Aseguradora, por supuesto, que se ha pagado. Pero a ningún intermediario, señoría, a ninguno», sentenció. Las pesquisas han revelado más de 50 millones de euros desviados a comisionistas. Nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Y la Junta insiste en su argumentario. Griñán debería reflexionar antes de dar lecciones.