Una interventora de la Junta defiende que debió dejarse «alimentar» el «canal» de las ayudas. Otro asegura que el Consejo de Gobierno supo del «uso indebido» de las transferencias de financiación

«Fuera del circuito de fiscalización». Así afirmó ayer sin estrépito la interventora de la Junta Teresa Arrieta que estaban las ayudas que durante casi una década repartió la Dirección General de Trabajo en el juicio de la rama política del «caso ERE». Y matizó que ese órgano del Gobierno andaluz, dos de cuyos titulares, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ocupan silla en el banquillo, «sabía» que «no estaba sometiendo expedientes de gasto de concesión de subvenciones a la fiscalización de la Intervención General» con lo que ésta no podía actuar. La testigo explicó que el sistema por el que se otorgaban los fondos públicos era «opaco» y trasladó al fiscal delegado Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga que «lo lógico hubiera sido una regulación» del método de asignación del dinero al que el escándalo cortó el camino. «Las subvenciones se estaban concediendo fuera de todo circuito», reiteró Arrieta a Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero de Empleo investigado Antonio Fernández. A este letrado le dejó claro también que, a su juicio, «un órgano gestor debe conocer cuáles son sus obligaciones y no hay que decírselo más», entre ellas las recogidas en «la Ley de Hacienda Pública y el Decreto de procedimiento» de adjudicación de ayudas, según los cuales «toda propuesta de gasto» o de «formalización de pago» y expediente «tiene que estar sometido a fiscalización». En su «cara a cara» con Del Hoyo la interventora ratificó que un reparo de la Intervención relativo a las transferencias de financiación que alimentaban los pagos y que sí se analizaron no habría frenado el goteo de fondos. De hecho, señaló que uno de los «riesgos» del «mecanismo» implantado por el Gobierno autonómico era que, pese a que la Consejería de Empleo daba los fondos «fuera del procedimiento», la agencia IDEA, el ente pagador, «recibía unas órdenes» de abono que «tenía que cumplir». Con todo, limitó lo detectado a irregularidades administrativas sin menoscabo de fondos públicos y defendió que la Intervención satisfizo «absolutamente todas» sus obligaciones legales de control. En relación a ésta, Del Hoyo quiso conocer si «de verdad» estimaba que si se hubiesen suspendido las transferencias, la Dirección General de Trabajo hubiera continuado distribuyendo ayudas y la testigo respondió que sí. «Ya vería con cargo a qué», escurrió. «Pero, una vez cerrado el grifo, ¿cómo se puede beber?», volvió a la carga el abogado, a lo que la aludida contestó: «Creo que no hay que estar cerrando el grifo lo que no hay es que alimentar más el canal». Un suministro que llegó a menudo vía modificaciones presupuestarias que pasaban por el Consejo de Gobierno de la Junta.

A ese ente de dirección del Ejecutivo regional se aludió también en la declaración del segundo testigo en otra mañana hecha de palabras. Ignacio García comentó a la Fiscalía que en el periodo en el que se ocupó del control financiero permanente volcó su concepto de buen uso de las transferencias de financiación «en los distintos informes» que elaboró, no sólo en los relativos a IDEA. Interrogado por el Ministerio Público sobre si aquél se vio reflejado en las memorias de control financiero permanente que se elevaban al Consejo de Gobierno, indicó que sí. Relató que, «con el tiempo», se apostó por «informar» a ese ente, «antes de que aprobara un nuevo acuerdo» de vigilancia, a través de «documentación adicional» entre la que se encontraba «una memoria de lo actuado en años precedentes» en la que «se mencionaba un uso indebido de las transferencias». No recordaba si sucedió todos los años, pero sí al menos en 2005 y en 2006. García apuntó otro dato a Anticorrupción: sólo Empleo presentó alegaciones al informe adicional de 2003 «en la línea de negar el carácter genérico de las transferencias», pero no se admitieron.

Choque del presidente con un abogado

La colisión no fue nueva pero subieron los decibelios del escozor. El presidente del tribunal del primer juicio de los ERE, Juan Antonio Calle, interrumpió el interrogatorio del abogado del ex consejero Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, a la interventora Teresa Arrieta y éste se lo reprochó. Ocurrió antes del habitual receso en el que todos en sala levantan el vuelo. Pero había dejado rastro y a la vuelta, el magistrado avisó al letrado de que no iba a «tolerar» que hiciera «observaciones» a su labor. Defendió haber sido «escrupulosamente respetuoso» con «el derecho de defensa» de los intervinientes en el procedimiento siempre y haber «llamado la atención» de «todas las partes» cuando fue necesario.