Cataluña tiene la mitad de parados que Andalucía: algo más de cuatrocientos mil frente a novecientos mil. La comparación no resiste. Por eso choca que en la distribución del presupuesto adicional para políticas activas de empleo las dos comunidades reciban prácticamente la misma cantidad, doce millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo, adoptado el día 25 de julio en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, confirmando que son las dos regiones se reparten el grueso de los 71 millones previstos. Los criterios seguidos por el Gobierno hacen que las dos reciban globalmente prácticamente la misma cantidad para el año que viene, después de que en junio el Ministerio de Trabajo distribuyera los dos mil millones de los que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal. A Andalucía le correspondieron 346 millones de euros y a Cataluña 342 millones, a los que se suman los doce señalados. Con ese dinero, las comunidades deben articular medidas para la formación de parados, la integración laboral o el fomento de la contratación.

La sesión del viernes cerró también las ayudas por el paro pesquero obligado el año pasado, con 664.000 euros para al flota andaluza, que suponen el 47% de la cantidad concedida.

Contra la pobreza

En el primer Consejo de agosto materializó la cuantía de los programas con cargo a la casilla de la renta –el 0,7% para fines sociales–. Andalucía destaca con 41,5 millones, que deberán asignarse en forma de subvenciones a entidades que asistan a personas con dificultades económicas. Este año, según informó el Gobierno, ha primado la tasa de pobreza entre los siete criterios empleados para su distribución –incluye además población, superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad–. En total, se han recadudado doscientos millones en este ámbito y otros 49 correspondientes al tramo estatal, de cuya convocatoria de encarga el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La lucha contra la pobreza infantil solo dispondrá finalmente de sesenta millones para toda España, de los que diez se distribuirán entre las familias andaluzas, con especial atención a hogares con un solo adulto como responsable.

Los servicios sociales municipales se beneficiarán de casi ocho millones, que contribuirán a cubrir necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión.