Cerco a la corrupción
La Sala del «caso Malaya» da diez días a García Marcos y Yagüe para iniciar la condena
Los 27 inculpados con penas superiores a dos años deben elegir centro penitenciario y pagar sus multas
El Tribunal del «caso Malaya» ha ordenado a los 27 condenados con penas superiores a los dos años de cárcel que ingresen en prisión en un plazo máximo de diez días, en un auto de ejecución de la sentencia notificado ayer a las partes. En la resolución, de 16 folios, requiere su ingreso en el centro penitenciario que elijan y les insta a abonar las multas a las que fueron condenados.
Además, conmina a los 18 condenados a penas inferiores o igual a dos años, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz, al pago de las multas y las responsabilidades civiles impuestas, tras lo que se decidirá sobre el ingreso en prisión. Al único procesado que no afecta el auto es al considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a punto de cumplir diez años entre rejas y condenado en esta causa a 17 años. Entre las personas a las que se ordena ingresar en prisión se encuentran la ex alcaldesa Marisol Yagüe –condenada a cinco años y medio–, y la que fuera su primera teniente de alcalde después de ejercer como portavoz socialista, Isabel García Marcos –que deberá cumplir tres años y medio–, además de otros 25 condenados entre ex concejales del Consistorio marbellí, empresarios, y constructores. Además de citados, se encuentran los considerados testaferros de Roca Montserrat Corulla, Óscar Benavente y Óscar Jiménez, que habrán de cumplir penas de entre dos y medio a cuatro años.
Fue el pasado 29 de julio de 2015 cuando el Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación en una sentencia en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga en octubre de 2013, si bien agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía.
Con posterioridad, el alto tribunal rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña el procedimiento, tribunal que desde entonces trabaja en el inicio de la ejecución de la sentencia. La Sección Primera tenía previsto notificar los ingresos en prisión el pasado 28 de diciembre, si bien se vio obligada a retrasar la notificación hasta el mes en curso al detectar algunos errores en la elaboración de los autos, y para dar respuesta a los escritos elevados por alguna de las defensas en relación a peticiones de indulto e interposiciones de recursos ante el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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