La Policía indaga sobre el cobro de Faasa a alumnos en cursos además con subvención de la Junta de Andalucía

Los investigadores da por hecho los pagos en las actividades formativas de piloto comercial «en ocasiones» y pide al juzgado que reclame datos a Empleo al respecto. La empresa asegura que el alumnado «sabía perfectamente qué parte tenía que pagar»

La catarata de presuntas irregularidades que la Policía describe en un informe elevado al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que acota el marco del denominado «caso Infoca», que surgió en torno a anomalías en contrataciones de medios aéreos para ese plan de lucha contra el fuego, incluye algún aspecto novedoso. Los investigadores rearman la causa de vuelta, tras las alegaciones a lo actuado formuladas por la empresa Faasa Aviación, y trasladan al órgano judicial que la defensa procesal de dicha sociedad «niega que se hayan cometido irregularidades en los cursos de formación» subvencionados por la Junta, ante lo que la Policía se remite a informes anteriores en los que éstas «se han expuesto», y añaden: «Alega que se han realizado» las actividades formativas y que «los gastos reales» de éstas «son superiores a las subvenciones», puntos que no cuestionan los agentes. «Sin embargo –cosen a continuación en su relato de situación al que tuvo acceso LA RAZÓN–, obvia que además de las subvenciones percibidas, en ocasiones cobraban a los alumnos (cursos de pilotos comerciales)». En ese sentido, la Policía pretende averiguar si Faasa –o «el nombre comercial de Caena»– aportó «la documentación necesaria para que en la ficha de base de datos de subvenciones se incluyese la cantidad de dinero que la peticionaria de las ayudas públicas cobraba a los alumnos de los cursos de pilotos comerciales». Esto es, si la empresa «aclaraba al organismo pertinente qué parte de los cursos iban a ser sufragados por los alumnos, pues en tal caso pudiera comprometer radicalmente la ilicitud de las ayudas». Por ello solicita al juzgado que pida a la Consejería de Empleo del Ejecutivo regional que se pronuncie, entre otros puntos, sobre si «tenían conocimiento de que en los cursos de pilotos comerciales, además de la ayuda pública, la mercantil cobraba a los alumnos». En relación a esa doble vía de financiación, fuentes de Faasa trasladaron a este periódico que los costes de esa formación son muy elevados y explican que el curso de piloto comercial «tenía dos fases»: una primera «de iniciación», que es la que subvencionaba la Junta; y una segunda complementaria, que es la que debía «abonar directamente» el alumno, consistente en esencia en «formación práctica de vuelo, necesaria para poder obtener la licencia comercial». Ambas servían para solventar las exigencias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Las mismas fuentes quieren dejar claro, en última instancia, que «el alumno sabía perfectamente qué parte era subvencionada» y cuál «tenían que pagar» de su lado.

Al margen de ese aspecto, los investigadores afean también a la entidad cordobesa que haya cuestionado «el trabajo de la Intervención de la Junta» para dejar entrever, por ejemplo, que si el Gobierno andaluz no llevó a cabo el seguimiento de las acciones formativas, «de alguna manera no es culpa de Faasa». Una correlación que la Policía no comparte, como tampoco el argumento de que sus cursos «nada tenían que ver con los otorgados habitualmente por la Junta». Es más, los agentes achacan esta aseveración a «un intento de convertir esta reflexión en una suerte de ‘patente de corso’ para justificar cualquier tipo de irregularidad». Insiste también la investigada, apunta al juzgado, en que lo sufragado con fondos públicos «está por debajo de los costes reales». «Si esto es así –replica la Policía– deberían haber buscado una solución legal, que no pasase por la comisión de irregularidades en la petición de subvenciones», recalca.

Podemos plantea al juzgado instructor nuevas diligencias de investigación

La causa ya estaba arrancada y los armarios revueltos, pero Podemos decidió personarse pese a esa circunstancia o tal vez por ella. Para intentar inyectar claridad en los hechos que se investigan, la formación morada trasladó al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, el que inocula vida a cada tanto al llamado «caso Infoca», un escrito para pedir que se practicara una hilera de diligencias. En esencia, la representación procesal de Podemos demandó al órgano judicial que se librara oficio a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico para que remitiera una «copia completa» de siete expedientes de medios aéreos contratados para el Plan Infoca, así como de sus «prórrogas respectivas». A esto sumaron que se aportaran reproducciones de las «actas de recepción de los servicios» de los mencionados expedientes y se identificara a «la persona responsable de cada» contrata pública. Pretendía también el partido que dirige en la comunidad Teresa Rodríguez que se facilite copia de «la facturación de cada contrato y de cada lote» si aquél se atomizó, además de las «penalizaciones», si las hubo; y «las liquidaciones de cada lote» de todos los bloques.